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¿Y si nosotros interpelamos al Estado?

31 marzo, 2017 Estuardo Gasparico

Los diputados al congreso de la república son expertos creando cortinas de humo para esconderse.

Durante el mal recordado período gubernamental encabezado por el Partido Patriota (PP), que a su vez fue permanentemente obstaculizado por el partido Lider, fue interesante observar que el juego del poder se manejaba al puro estilo de “dame y daca”.

¿Cómo así? Preguntan quizá nuestros amables lectores, aunque no es difícil adivinar:   A todo lo que el Ejecutivo pedía (por ejemplo, la aprobación de leyes que supuestamente necesitaban para trabajar) el Legislativo decía NO y reforzaba su respuesta con una mal llamada fiscalización del trabajo de los ministros, por medio de los interrogatorios maratónicos y a mansalva llamados interpelaciones.

Independientemente de que algunos diputados sí estuvieran interesados en conocer más a fondo lo que se estaba haciendo en las dependencias gubernamentales y, especialmente, de qué manera se estaban “invirtiendo” los recursos del Estado, fue famoso el caso del exministro Carlos Batzín, a quien mantuvieron en corredores del Congreso más de dos años, situación que desembocó en un proceso legal.  Lo mismo ocurrió con las exministras de Educación, Cynthia del Águila y Carmen Aceña, a quienes casi no dejaron trabajar durante toda su gestión. 

Ahora habría qué ver para qué sirvió tanto desgaste y pérdida de tiempo, si no fue para llevar a la práctica una política sistemática de oposición irracional a todo lo que no estuviera de acuerdo con los intereses del Hemiciclo Parlamentario.  Porque obviamente, ni antes ni ahora, los diputados trabajan por los intereses de la población que dicen representar.

El problema es que estas prácticas perversas continúan, como lo evidencia el hecho de que esta semana se caracterizó por las manifestas intenciones de ciertos legisladores de proceder a la interpelación de los titulares de Salud Pública y Asistencia Social,  y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para comenzar la lista.

Llama la atención que esto sucede inmediatamente después de que fueran detenidos y encarcelados más diputados actuales y pasados, luego de que el Ministerio Público (MP) los investigara por supuestamente haber cometido diversos delitos relacionados con la actividad conocida como contratación de “plazas fantasma” en el Legislativo.

Entonces, vale la pena preguntarnos ¿Y al Legislativo quién lo interpela?  Porque como ya lo han hecho notar varios analistas, la misma Constitución Política de la República le confiere al Congreso el derecho y obligación de fiscalizar la actuación y desempeño del Organismo Ejecutivo y sus dependencias.

También, en caso extremo, puede remover a los presidentes de los demás Poderes del Estado.  Pero ¿quién fiscaliza al Congreso?

Y eso no significa que solo este Organismo y sus dignatarios merezcan que se les ponga un ¡hasta aquí!, pues todo el Estado se esfuerza a diario por demostrar que no cumple con las funciones que la Carta Magna le asigna.

Si bien es cierto que muchas organizaciones privadas, analistas, entes internacionales, ONG y especialistas  utilizan redes sociales y cualquier medio a su alcance para denunciar y sugerir nuevas líneas de acción, casi nadie les hace caso y menos, los diputados y funcionarios de turno.

Por lo tanto, es la sociedad en general la que debería convertirse en el primer crítico de la actuación estatal y permanecer en la disposición de volver a las plazas para exigir los resultados que los ciudadanos esperan.

Todos los guatemaltecos deberíamos estar convencidos de quienes ocupan cargos públicos están al servicio de la población y no al contrario, por lo que podemos despedirlos cuando no ejerzan sus funciones a cabalidad, como lo hace cualquier empresario con los empleados que no cumplen con las obligaciones por las cuales se les paga un salario.

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