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Las sorpresas del caso Transurbano

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24 febrero, 2018 Estuardo Gasparico

Seguramente, usted ya está al tanto de todo, pues en las últimas semanas todos los medios de comunicación hemos informado sobre el esperado caso Transurbano.

Y digo esperado, porque desde hace muchos meses analistas de todo tipo y críticos del sistema judicial del país vaticinaban que pronto comenzarían a caer exfuncionarios de gobiernos anteriores al de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Como diría el “honorable juzgador” Miguel Ángel Gálvez, llama poderosamente la atención una serie de hechos, revelados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respecto del modus operandi para llevar a cabo un fraude de US$35 millones, escondido bajo el propósito de proporcionar transporte digno a los capitalinos.

El primero de ellos es que no se trató de algo improvisado, pues durante la campaña electoral del 2007, la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) movilizó votantes y entregó dinero para los dos principales partidos que punteaban en las encuestas, especialmente a favor de la UNE. Por supuesto que cuando Álvaro Colom tomó posesión en el 2008, la AEAU comenzó a maquinar cómo cobrar sus generosos aportes.

El 3 de abril de 2009, sin que se convocara a reunión de Consejo de Ministros, se aprobó el acuerdo gubernativo 103-2009, que “fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de 35 millones de dólares, sin mayores controles”. Por haberlo firmado, varios profesionales de buen nombre, que eran ministros, fueron detenidos y encarcelados.Luego resulta que, según la CICIG, se obviaron varios procedimientos para engañar a la administración pública:

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia no recibió el proyecto de implementación del sistema prepago, incumpliendo los artículos 14 literales A, B, y K (Ley del Organismo Ejecutivo).
Tampoco se le consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia de la implementación del sistema indicado, incumpliendo lo que establecen los artículos 253, inciso C de la Constitución Política de la República, y 68, inciso D del Código Municipal, los cuales refieren que las municipalidades deben regir el manejo del transporte público.

Y como era de esperarse, no se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre el dictamen 139-2009 de fecha 6 abril del 2009, incumpliendo el artículo 38 de la Ley Orgánica de la PGN.

En síntesis, basta observar lo siguiente para que nadie dude de lo que se debe esperar en la Etapa 2 de la investigación:

Están pendientes de captura por peculado y fraude: Luis Alfredo Alejos Olivero, exministro de Comunicaciones; Rudy Leonel Maldonado Castillo y Luis Alfonso Gómez González, de la AEAU, y Mario Roberto Aldana Pérez.

Tampoco se ha mencionado la posible participación de la señora Sandra Torres y de la comuna capitalina en todo esto. Así que se les invita a esperar la Etapa 2 del caso Transurbano.

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