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Lo que falta saber sobre el caso Transurbano

24 febrero, 2018 Redaccion Contrapoder

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) propinaron otro golpe a la clase política del país, al capturar al expresidente Álvaro Colom y parte de su gabinete, señalados de fraude al Estado por US$35 millones. Luego indicaron que esos resultados solo corresponden a la Etapa 1 de las pesquisas.

Revelar que no existió un análisis técnico sobre el alcance, el costo y la necesidad del sistema prepago del Transurbano; las razones por las que no existió un análisis técnico-financiero para precisar el monto del proyecto, y la ausencia de un estudio que confirmara que la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) tenía la capacidad operativa, técnica y financiera para implementar el proyecto son solo algunas de las sorpresas esperadas en la segunda fase del caso denominado “Transurbano, un fraude al Estado”.

colom

Otras respuestas que podría traer la Etapa 2 de la investigación es por qué no se realizó una licitación con empresas de transporte, como establece la Ley de Contrataciones, sino que se decidió adjudicar el proyecto de Transurbano solo a la AEAU. Además, que el alcalde capitalino, Alvaro Arzú Irigoyen, podría pisar de nuevo los pasillos de la Torre de Tribunales para que explique por qué la municipalidad capitalina, como ente rector del transporte urbano, no opinó sobre la conveniencia de la implementación del sistema prepago, incumpliendo lo que establecen los artículos 253, inciso C, de la Constitución Política de la República, y 68, inciso D del Código Municipal. Y como guinda del pastel, por qué no se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), como abogado del Estado.

Más incógnitas

De acuerdo con los datos que revelaron la CICIG y el MP, existen repuestos y maquinaria del sistema prepago del Transurbano por valor de Q102 millones, pero no se sabe dónde están almacenados, ni en poder de quién. También hay Q114 millones a los que se les sigue la pista. De estos, Q54 millones se destinaron a gastos innecesarios para el sistema prepago y también para gastos irregulares. Existen flujos de capital que retornaron al sistema bancario guatemalteco por Q9 millones 566 mil y existe un capital de Q19 millones 363 mil por localizar. Todos estos flujos de dinero se encuentran en investigación y deberían formar parte de las sorpresas que aún guarda este caso.

Cientos en prisión preventiva

Para hacer un poco de historia, el 11 de enero de 2008, tres días antes de que Álvaro Colom Caballeros asumiera el poder, la Cicig, en ese entonces a cargo del jurista español Carlos Castresana, ya había iniciado la investigación de mafias que operaban paralelas al Estado de Guatemala.

Nueve años después, los resultados incluyen la encarcelación de 257 personas, la mayoría recluida en la cárcel VIP del Mariscal Zavala, y la “redada” más reciente se dio el martes 13 de febrero, cuando la Cicig y el MP de nuevo sorprendieron a los guatemaltecos en plena mañana, tras anunciar que en 14 allanamientos, tanto en el interior del país como en la capital, el espigado expresidente y sacerdote maya había sido detenido junto a su cúpula de Gobierno.

Pero la sorpresa fue mayor para aquellos que señalaron a los entes mencionados de volcar su trabajo de persecución solo hacia un sector, porque entre los detenidos por todos los casos figuran empresarios, abogados, tramitadores y funcionarios de alto nivel como Colom y 11 de los ministros de su administración. Seguramente, coincidirán en esa sobrepoblada cárcel con el exmandatario Otto Pérez Molina y varios ministros del Partido Patriota (2012-2015).

Empresarios y financistas

Con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Malta, además de ocho denuncias, el caso denominado “Transurbano, un fraude al Estado. Etapa 1” fue presentado en detalle por la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez.

En una extensa conferencia de prensa, explicaron que el entramado en el caso Transurbano habría sido avalado por el expresidente Álvaro Colom, quien llegó al poder en 2008 por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e intervino para facilitar el procedimiento fraudulento de creación del Acuerdo Gubernativo 103-2009, aparte de que no convocó a Consejo de Ministros, sino que recolectó las firmas de forma individual, sin obtener la de su vicepresidente, Rafael Espada.

Arribo del sistema de transporte público Transurbano al puerto de Santo Tomas del Castillo.
Foto Presidencia/Deccio Serrano

Además, las pesquisas indican que Colom frenó la injerencia de actores o instituciones que dictaminaran u opinaran para frenar el desembolso de Q270 millones que fueron a parar a manos de la AEAU.

De acuerdo con las investigaciones, tanto la UNE como el extinto Partido Patriota recibieron dinero para sus campañas en 2007, y una de sus financistas fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), dirigida por un abanico de autobuseros que se prestaron a la corruptela, entre ellos Luis Gómez, amigo cercano de Colom y del político, exdiputado y excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien enfrenta una posible extradición desde Estados Unidos.

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