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Suicidio en Mariscal Zavala. ¿Cuántos más deben morir?

24 junio, 2018 Isabel Soto

La muerte siempre es trágica, pero lo es más cuando llega por mano propia de un ser humano decidido a acabar de una vez con lo que supone su calvario.  El lunes 11 de junio la noticia consternó a muchas personas en el país: el reconocido exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Jesús Arnulfo Oliva Leal, puso fin a sus días en la cárcel instalada en la Brigada Militar Mariscal Zavala.

El galeno representaba a esa casa de altos estudios en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) cuando fue detenido, y es el segundo sindicado que muere en el reclusorio donde permanecen los sujetos al proceso legal iniciado hace tres años, por la adjudicación anómala de un contrato de Q116 millones 227 mil 35 a favor de la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., para el tratamiento a personas con insuficiencia renal.

Al suicidarse, el facultativo probablemente cumplió con la aspiración de terminar con la fuerte depresión que arrastraba –y de la cual muchas veces dio señales- como consecuencia del cautiverio al que fue confinado a partir del 26 de mayo de 2015, de manera preventiva, tras ser ligado a juicio por presunto fraude y enviado a prisión con otros 16 implicados en el caso.

Desde finales de 2017, los familiares y su abogado Luis Mérida insistieron en la necesidad de lograr una evaluación pericial del galeno, porque a claras luces presentaba un estado depresivo muy grave y era proclive al suicidio.

Ello finalmente redundó en su remisión al Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora. Sin embargo, después de poco tiempo en el nosocomio fue dado de alta y devuelto al citado centro de reclusión.

Aunque el profesional de la medicina y su defensor solicitaron al Tribunal Undécimo Penal una medida sustitutiva, por el agravamiento de su salud mental, el 24 de mayo de 2018 la instancia penal intermedia rechazó la petición con el pretexto de que existían dudas sobre una posible obstaculización a la averiguación de la verdad.

Apenas 18 días después, el portavoz del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, notificó a los medios de prensa que “se ubicó a Jesús Arnulfo Oliva Leal sin signos vitales” y que habían encargado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (IKL) determinar la causa de la muerte.

Posteriormente, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, manifestó que, obviamente, se llevará a cabo la investigación para esclarecer el hecho y, de ser necesario, esta será de oficio. Con ello, trataremos de determinar “si hubo algún hecho delictivo cometido o si hay un funcionario o empleado de las instituciones que tuviese que ver en el caso en particular”.

“Lo que sabemos es que como a las 13:00 horas apareció estrangulado y  dicen que fue un suicidio”, declaró el abogado defensor.

https://www.canalantigua.tv/doctor-caso-igss-pisa/

El caso Igss-Pisa

Todo comenzó cuando, según pesquisas realizadas por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la junta directiva del Seguro Social cambió a la empresa que prestaba los servicios de atención a pacientes con insuficiencia renal, para lo cual habría mediado el pago de una comisión ilegal.

Y es que a partir de lo pactado con la beneficiaria de la licitación para resolver esa necesidad, los afiliados al IGSS que eran atendidos por la empresa Baxter tuvieron que aceptar un cambio que redundó en el empeoramiento de su salud y hasta en el fallecimiento de muchos de ellos.

El expediente del caso refiere que al menos 56 personas perdieron la vida por las “malas prácticas” de la empresa subcontratada por la Droguería Pisa y reconoce que ante esa situación, el IGSS se retractó del contrato y lo regresó a Baxter.

Durante la audiencia de primera declaración, el MP compartió varias escuchas telefónicas y aseguró que contaba con otros elementos de prueba que inculpaban a los detenidos el 20 de mayo. En una de esas conversaciones se escuchó que la decisión de suscribir el contrato con Pisa fue de “una dama distinguida, superior a JD”.

Para la fiscal María Esther Ovando, las siglas podrían referirse al presidente de la junta en esa época, Juan de Dios Rodríguez, quien negó tener responsabilidad en todo lo ocurrido.

En otra de las evidencias telefónicas presentadas, el asesor financiero de la subgerencia del IGSS, Otto Fernando Molina Stalling (hijo de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, recluida después por presunto tráfico de influencias para beneficiar a su primogénito) confirmó a Herbert García-Granados Reyes: “Ya se autorizó el contrato a Pisa”. Mientras que otro audio reveló que el exgerente de ventas de la firma, Edgar de la Peña, notificó: “Ya está servida la mesa”.

“Dejá de hacer negocios con ese tu teléfono. Solo haciendo muladas andás”, dijo una voz femenina a Molina Stalling en otra llamada.

El 24 de octubre de 2016, después de muchas idas y venidas, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal inició la vista oral y pública contra los sindicados en la trama, lo que también contempló la autorización condicionada de un pago anómalo por concepto de alquiler y supuestos arreglos en el edificio donde funcionaba la clínica del Seguro Social en Chiquimula.

Para entonces, había transcurrido un año y cinco meses desde la captura de la junta directiva del IGSS, cuyos integrantes continúan recluidos a la espera de un fallo que los condene o absuelva. Esto, pese a que el 16 de marzo de 2017 cinco de ellos solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) que anulara la resolución de juez por la cual fueron enviados a debate. Se trata de Molina Stalling, los exrepresentantes de la droguería Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña, el expresidente del Banco de Guatemala Julio Suárez y Walter Linares.

Según los representantes legales, el fallo del 12 de febrero del 2016, emitido por el Juzgado Sexto, vulneraba los derechos de defensa e igualdad ante la justicia de los implicados en el caso al obviar los argumentos de descargo. Con antelación, los juristas habían presentado una queja contra la resolución ante la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal, pero fue desestimada el 9 de agosto.

En octubre de 2017, el Tribunal Undécimo Penal otorgó arresto domiciliario para ocho personas vinculadas con el caso  IGSS-Pisa: la exsecretaria Mayra Lisbeth Gómez Suárez; las enfermeras Alba Maritza Maldonado Gamboa y Delia Ahidee Castañón Guerra; la técnica en hemodiálisis Doris Eluvia González Salazar; la exmiembro de una junta de licitación Carmen Yadira Gil Quiñónez; el trabajador de la droguería, Herbeth Rodolfo García; el médico Arturo Adolfo Castellanos Poou y Salvador Álvarez, pareja de una vendedora relacionada con el Seguro Social.

El abogado defensor de Ramiro Lorenzana y de Edgar de la Peña señaló que “el MP no pudo acreditar el peligro de obstaculizar la verdad” en estas personas y manifestó su confianza en que sus demás representados puedan gozar de ese beneficio.

Por este caso, además, en enero de 2017 la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero congeló Q11 millones 622 mil 703.50 y documentos asociados con el contrato. Los bienes extinguidos eran parte de un título de crédito que avala el cumplimiento de la empresa, para asegurar que daría el tratamiento de hemodiálisis.

También, desde noviembre del 2016, fueron embargados una cuenta bancaria de Pisa, con Q17 millones, y otros Q3 millones. Todo, supuestamente destinado al resarcimiento a los presuntos perjudicados con el controversial tratamiento que brindó la droguería.

Retardo de la justicia

“Esta es una larga historia. En una primera etapa del debate se eliminó  todo lo actuado, prácticamente después de tres meses de haber estado casi a diario en el Tribunal Noveno de Sentencia”, rememoró el defensor de Oliva.

Ese ciclo inició en octubre de 2017 y resulta que el 10 de enero de 2018 “uno de los jueces del tribunal indicó que no podía seguir conociendo la etapa de debate, porque supuestamente habían existido presiones en su contra, ya que la magistrada Staling lo había presionado para que le diera la libertad a su hijo”. Sin embargo, “el hecho denunciado por ese juez era de agosto de 2017, o sea, anterior al inicio del juicio”.

En opinión de Mérida, “esta fue una de las grandes anomalías y luego, cuando vamos a comenzar nuevamente el proceso, lo hicimos con otro tribunal y con nuevos jueces”.

“Eso ha venido retrasando los tiempos; a cualquiera desespera, especialmente si no tiene ingresos de más, porque estar privado de libertad es más caro que estar en un hotel cinco estrellas”, remarcó el jurista, para quien la imposibilidad de generar recursos y contribuir con sus familias es un factor que “va haciendo mella en los reclusos y este fue el caso de Jesús Arnulfo Oliva Leal”.

El proceso penal está diseñado para terminar en un año, con una investigación de no más de tres meses, como establece el artículo 323 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esto casi nunca se cumple en Guatemala. Por otra parte, “los familiares se ven obligados a llevar comida a los reclusos, porque la que ofrece el sistema es incomible (frijoles duros, tortillas viejas y alimentos muchas veces pasados de tiempo). A su vez, casi siempre tienen que repartir esas comidas con los que están en el círculo más cercano de su allegado y esos son costos que no se ven”, agrega.

Mérida señala que a ello se suma “la necesidad de proporcionarle a los internos todo lo que no tienen en el penal, y que es indispensable para la vida: papel higiénico, pasta de dientes, y otros insumos que el sistema no da y que, para ingresarlos, los familiares suelen verse obligados a dar una prebenda a los guardias”.

“El caso IGSS-Pisa está por la 65 audiencia; estamos en la fase final. Ahora están declarando los imputados y después de esto concluye el MP y empieza la defensa, así que en términos de tiempo rápido, en seis o siete días estará terminando este proceso en términos corridos. Así que vamos en la fase final, pero el doctor Oliva no soportó la presión”, pormenorizó el abogado César Calderón.

Ratificó que “con mucho tiempo de anticipación se hizo saber al tribunal que el doctor tenía problemas físicos y mentales. Él estaba realmente cargado emocionalmente. Eso se le hizo saber al tribunal y en tres oportunidades se le pidieron medidas sustitutivas. La última vez todo quedó muy claro. Incluso, un informe mediocre del Inacif, pero al fin y al cabo informe, refería que mejor estaba con su familia que en un centro carcelario. Más claro que eso, no se puede”.

Calderón hizo notar que “en esa última audiencia, en la que se pidió una medida sustitutiva a favor del doctor, hubo un voto razonado. Es decir, dos jueces decidieron que no se fuera a su casa y un voto razonado dijo que no solo él debía volver a su casa, sino también los demás”.

Este es un caso en el cual “se está juzgando por fraude, no hay asesinatos, no hay homicidios, por lo que la gente pudo estar libre desde su primera declaración. Sin embargo, pasaron más de tres años y esa gente sigue presa. Oliva Leal no aguantó, no soportó el peso de estar detenido. Y es preciso tener en cuenta también que por el delito de fraude –que pesaba sobre el fallecido y la mayor parte de los sindicados en el expediente- la mayor condena no pasaría de seis años y en todo caso, pasados esos tres años que ya tenían en prisión, hubieran salido de la cárcel por redención. Dicho de otro modo, no había razón para mantenerlos encarcelados”.

“El Estado de Guatemala no logró juzgar en un tiempo razonable, lo que significa que conforme a derecho ya tenían que quedar libres. La libertad de ellos se puede conocer aún de oficio, sin que lo estuvieran pidiendo las partes”, enfatizó e insistió que “lo que se invocó fue una cuestión de salud, una cuestión de derechos humanos, y en la última audiencia el MP y la Cicig dijeron que eso no estaba en la ley”.

Ambas instituciones esgrimieron que “eso no estaba en la ley, que la ley sólo contempla dos excepciones: peligro de huir y la averiguación de la verdad. Y no se dieron cuenta que las cuestiones de carácter humano están por arriba de la ley procesal”.

“Esto significa que primero se debe respetar la vida antes de cualquier otra cosa. Por todo esto, sugeriría a la nueva Fiscal General que hiciera una revisión de este y otros casos que son resultado de un montaje de la Feci y de la Cicig. En este, en particular, no hay nada que juzgar, es una exageración. Pero en la peor de las situaciones, si no se llegara a demostrar ese extremo, sería necesario que revisara la prisión preventiva a aquellos que llevan en prisión más de la posible pena cumplida sin haber sido condenados”.

“En todo caso, insisto, que se tenga en cuenta el principio de inocencia constitucional, porque no han sido juzgados y la posibilidad de ser inocentes es altísima”, concluyó.

¿Quién era el Dr. Jesús Oliva?

Pese al renombre que alcanzó por sus méritos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, poco o nada aparece en las redes de internet de quien sus allegados recuerdan como una persona afable y muy profesional.

De hecho, en Mariscal Zavala cuentan que pocas veces se enfrascaba en extensas conversaciones, mucho menos en debates, y que más bien pasaba el tiempo leyendo o haciendo algún tipo de deporte.

“Soñábamos con que alguna vez, cuando hubiésemos escalado posiciones en la pirámide de la toma de decisiones, podríamos equipar nuestro hospital con la mejor tecnología e insumos para que los niños tuviesen la posibilidad de sobrevivir”, escribió a raíz de la muerte –también en prisión- de su compañero en el caso IGSS-Pisa, Raúl Castañeda Pineda (7 de septiembre de 2016).

Y es que tras graduarse de médico y cirujano, Oliva tomó la decisión de especializarse en Pediatría, lo que sugiere su determinación de contribuir a fomentar salud y propiciar el bienestar de la niñez.

Una trayectoria merecedora de respeto llevó a que el médico cirujano pediatra fuera designado, por la universidad en la cual desarrolló casi toda su vida profesional, decano de la Facultad de Ciencias Médicas en 2006, y tres años después, vicepresidente de la junta directiva del IGSS.

Bajo su dirección, los futuros profesionales médicos sancarlistas contaron con una intensa agenda de cursos orientados a desarrollar sus habilidades clínicas en la esfera de la radiología, electrocardiografía, atención primaria en partos, intubación, canalización, fisiología, anatomía, histología y otras.

El facultativo contaba con 57 años de edad al ser detenido el 20 de mayo de 2015, bajo señalamientos de corrupción, y seis días después fue enviado a régimen carcelario, sin haber sido vencido en juicio ante juez competente.

En su contra solo pesaba el hecho, no comprobado todavía, de ser parte de la junta directiva del IGSS  cuando sus miembros firmaron con la Droguería Pisa de Guatemala, S.A. un contrato millonario para atender a pacientes con problemas en los riñones, aunque la empresa favorecida incumplía con las exigencias mínimas establecidas en las bases de licitación y por ello tendría que subcontratar a otra compañía para ofrecer el servicio requerido.

El proceso para llegar a la rúbrica de ese convenio irregular comenzó antes de que Oliva llegara a formar parte del equipo directivo del IGSS, cuya actuación en este caso fue considerada por el MP como fraude al Seguro Social. A ese cargo se le sumó la supuesta complicidad en la adquisición irregular de ambulancias para la institución.

Junto al exdecano fueron señalados por ambos cargos, y enviados a la cárcel, los otros cinco integrantes de la junta directiva, seis de la junta de licitación, un médico y un asesor, además de dos directivos de Pisa y un negociante.

Otros Datos

Sólo en los primeros cinco meses de 2018 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió alrededor de 114 denuncias de personas recluidas en prisión preventiva. Entre estas destaca la de Oliva Leal, precisó la directora de Procuración de la PDH, Brenda Derys.

Explicó que “en el mes de abril el procurador Jordán Augusto Rodas Andrade presentó una resolución en la que se aglutinaron esos expedientes y reconoció la violación de los derechos de esas personas, en el caso específico de salud, dignidad y otros, durante la prisión preventiva”.

Este documento, similar a otros siete emitidos en los últimos tres años sobre el tema, recomendó a las autoridades de Seguridad y del SP “que cesen estas malas prácticas”

Derys recordó la muerte de varias personas en régimen de prisión preventiva, sin ser jugadas,  y cuestionó “el exceso de tiempo en esas condiciones”.

Por esa razón, añadió, “el procurador exige a las instituciones encargadas que verifiquen el cumplimiento del derecho de estas personas a ser juzgadas en un plazo razonable y a que, en virtud de que no están condenadas, y son personas libres de cualquier situación por no haber sido declaradas culpables, se les respeten esas condiciones que deben de tener”.

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