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Revelan caso #AsaltoAlMinisterioDeSalud, involucra a diputados y un excandidato presidencial

16 julio, 2019 Marco Sajquin

La Comisión Internacional Contra la  Impunidad en Guatemala (CICIG) revela el listado de antejuicios que solicitará. Hay varios diputados.

El caso es conocido como Asalto al Ministerio de Salud, y por el mismo la CICIG y MP realizaron al menos 30 allanamientos hoy.

Entre los diputados que se solicitará el retiro de su inmunidad, están Boris España, Estuardo Galdámez y Ronald Arango.

A decir de la CICIG, la investigación se deriva de «actos de corrupción en el sector salud», entre el 2012 y 2014.

En esos años, una red criminal asignó contratos con el fin de obtener un beneficio individual  ilícito, según la Cicig.

A decir de la Comisión, las actividades ilícitas comienzan con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud durante el período 2012 al  2014, quien con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, «lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares».

Luis Fernando Pérez Martínez. Foto: Google.

Las actividades ilícitas se enmarcan en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos.

De esta manera la estructura se concentró en:

  • El cobro de comisiones ilícitas  por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
  • El cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios.
  • La contratación de 450 plazas (por medio de modalidades de favores políticos, pagos mensuales  y plazas fantasmas).

Las solicitudes de antejuicio son contra:

Según la CICIG, 84 personas son llamadas a declarar, hay 20 capturados y 9 personas por detener.

Antecedentes

Las pesquisas dan cuenta que la estructura «no pudo acceder a la compra de medicamentos», pues estaba «cubierta por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”.

Los legisladores estarían involucrados en la adjudicación de obras, para el remozamiento y construcción de hospitales. De esa cuenta: a Estuardo Galdámez (hospital Quiché), Boris España (hospital Chiquimula) Roberto Kestler y Rolando Pérez (hospital de Antigua Guatemala); así como de otros funcionarios Heber Cabrera, entonces gobernador de Quiché (hospital Quiché), y Juan de Dios Rodríguez (varios hospitales).

La CICIG identifica dos eventos particulares:

Obras de reposición y reparación derivadas del Estado de Calamidad en  2012 por sismo que ocasionó daños sobre todo en San Marcos.

Según la Comisión, suman al menos 50 eventos irregulares de reposición y reparación a hospitales y centros de salud, los cuales representaron por lo menos Q131 millones.

El otro caso, fue la construcción en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (hospitales nuevos).

Incluidos los proyectos de construcción de nosocomios nuevos que no estaban contemplados en el Estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, pero que hacían parte del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria.

De  las comisiones por la adjudicación de obras encargadas a raíz del Estado de Calamidad, Juan de Dios Rodríguez y el intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, habrían obtenido Q7 millones. En tanto que la estructura dirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez (así como a otros particulares y personal del Ministerio de Salud), les correspondió la cantidad de al menos Q12 millones.

Para los eventos de compras de ambulancias, bombas de infusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue clave la participación de  Jaime Pérez Castillo (sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina). Para ello, utilizaron a personas y empresas intermediarias.

En el caso de la publicidad, cuyo contrato fue de Q 6,593,970.50 adjudicado  a la empresa de Rolando Pérez Martínez, hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habría recibido al menos Q400 mil. Durante la gestión de Villavicencio el rubro destinado por el Ministerio fue ejecutado casi en su totalidad.

Por otro lado, la estructura criminal otorgó más de un centenar de plazas del Ministerio de Salud como parte de pago de favores políticos, las cuales eran requeridas por distintos funcionarios públicos, como diputados, funcionarios de la Vicepresidencia de la República, así como de la Contraloría General de Cuentas, el PARLACEN, la USAC, y algunas alcaldías, entre otros.

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