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Prisión preventiva: urge una solución

14 diciembre, 2018 Redaccion Contrapoder

En particular, resaltan las personas en prisión preventiva. Entre 2008 y 2018 la población reclusa total creció 190% (de 8,400 a 24,400 personas), sin embargo las personas en detención preventiva aumentaron en un 300% de 2,900 a 11,600 personas, siendo ahora el 48 por ciento del total de reclusos. Con esta gran proporción de personas sin sentencias, Guatemala se sitúa levemente arriba del promedio latinoamericano de 44 por ciento, y marcadamente encima del promedio mundial de 33 por ciento. La aplicación de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países de la región, como lo ha expresado la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

El marco legal que rige en este tema establece, de la mano con los estándares internacionales, el carácter excepcional de esta medida. Sin embargo, en Guatemala, contiene dos características especiales: un catálogo de delitos para los cuales es obligatoria la prisión preventiva y lo mismo se norma para las personas reincidentes; y, si bien se limita la duración de la prisión preventiva a un año, la misma puede ser prorrogada indefinidamente. Este marco normativo no ayuda a que la prisión preventiva sea una medida de uso excepcional, especialmente tomando en cuenta que la mitad de las personas en detención preventiva está precisamente recluida por uno de los delitos que no permiten otra medida y el 40 por ciento ya lleva dos años o más en esta condición.

Analizando los datos del 2016 al 2018, se determinó que a una de cada tres personas en audiencia de primera declaración se le dictó prisión preventiva. Esto ha aumentado a lo largo de la última década, en tanto que la cantidad total de personas en audiencia creció 150 por ciento. Este aumento ha llevado a una saturación de los juzgados que atrasa los procesos penales. El 24 por ciento de las personas en prisión preventiva está aun en la fase de investigación de su proceso, el 55 en la etapa intermedia y el 20 en otro momento procesal. Este dato es relevante, ya que se ha determinado que en la etapa intermedia del proceso es cuando mayores atrasos se generan, lo cual alarga el tiempo en prisión preventiva.

Para abordar la problemática, se recomienda realizar reformas para limitar la duración y la prórroga de la prisión preventiva, así como eliminar el catálogo de delitos. Al mismo tiempo, implementar un mecanismo de monitoreo de los plazos procesales, realizar un plan para enfrentar el volumen de solicitudes de revisión de medidas a raíz del cambio legal y mejorar las condiciones para otorgar medidas sustitutivas, especialmente crear un mecanismo de monitoreo al cumplimiento de las mismas, como la implementación del monitoreo electrónico.

Ante el aumento de personas que entran al sistema de justicia penal, es necesario ampliar la capacidad del sistema judicial e identificar con precisión los cuellos de botella en el proceso penal, para que éste se puede resolver de manera más expedita. Además, es urgente implementar estas soluciones para que la prisión preventiva ya no alcance la duración que persiste en la actualidad, puesto que las personas a quienes se les otorga esta figura legal pasan hasta dos años y medio recluidas en condiciones de hacinamiento y descontrol.

Por Corinne Dedik

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