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El presupuesto y el C.T.G.

9 diciembre, 2017 Carroll Rios

C.T.G. no son las siglas de un sindicato, sino una clave que inventó el Dr. Manuel Ayau Cordón, para referirse al Costo de Tener Gobierno.

Es necesario y constructivo evaluar el C.T.G. en Guatemala. La frase nos recuerda tres verdades. Primero, los ciudadanos cargamos con el costo de tener gobierno, y estos costos trascienden el gasto público per se. Segundo, cae de su peso que de esta carga deberíamos percibir más beneficios que costos. Tercero, la prosperidad del país está atada al C.T.G.. Podría, incluso, elaborarse un índice del C.T.G. para identificar las mejores prácticas y guiar las decisiones de los políticos que diseñan, aprueban y ejecutan el gasto público.

El próximo 30 de noviembre, el Congreso de la República tuvo la oportunidad de  aprobar un Presupuesto estatal que es un 13 por ciento más elevado que el del 2017. ¿Prometer la entrega de Q87,922.9 millones al Gobierno redundará en mejores condiciones de vida para la ciudadanía? Se mantiene la inquietud aún si el monto se reduce a Q84,596 millones, siguiendo el dictamen de del Congreso.

Claramente, la respuesta rápida es no: Guatemala no mejorará su posición si se llega a aprobar y a ejecutar este presupuesto.

El estudio “Análisis de la composición del proyecto de presupuesto 2018”, elaborado por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), justifica nuestro pesimismo:

Las políticas de gobierno no priorizan las asignaciones que garanticen la prestación de bienes y servicios,” subraya el informe y agrega el que “los recursos provenientes de ingresos tributarios reflejan una rigidez presupuestaria superior al 92 por ciento, lo cual limita el margen de acción del Gobierno”.

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En términos de gastos, solo el 20.3 por ciento del presupuesto estaría destinado a inversión, mientras 64 por ciento iría a funcionamiento y 15.7 por ciento, al pago de deuda pública.

Este abultado presupuesto no contribuirá al bienestar económico y social de Guatemala, y compromete nuestro bienestar en al largo plazo”.

 

El aumento al rubro de inversión en comparación con el presupuesto vigente asciende a Q4,205.9 millones, pero no se utilizaría para atender los servicios de los ciudadanos. De hecho, en el dictamen emitido, la Comisión de Finanzas elimina buena parte del aumento destinado a Comunicaciones. Esta es la dependencia que tiene a su cargo las carreteras, para las cuales la población reclama urgentemente trabajos de mantenimiento.

Otro defecto de este proyecto de presupuesto, es que las autoridades esperan ingresos por encima de lo que realmente recaudarán: Proyectan un incremento del 11 por ciento en los ingresos tributarios, cuando en el pasado han subido 6 por ciento, y tal cifra pudiera ser menor a futuro porque parte de lo recaudado es por cobros extraordinarios a supuestos evasores.

Para cubrir el gigantesco gasto, complementarán los ingresos con nueva deuda. Al 30 de agosto de 2017, el “saldo del endeudamiento público se ha incrementado… a una tasa promedio del 6 por ciento anual”, afirma el estudio. Es cada vez menos sano el balance entre la deuda por préstamos y donaciones, y la deuda por bonos del tesoro.

Las autoridades están cometiendo dos imprudencias graves: incurren en más deuda para pagar deuda, y adquieren deuda cara. Y ello frente a la triste realidad que la calificadora internacional de crédito, Standard and Poor’s, considera que somos un país de alto riesgo, debido a nuestras débiles instituciones y a un ambiente político polarizado que frena el crecimiento económico.

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