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Guatemala: territorio de pandillas

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25 febrero, 2018 Redaccion Contrapoder

*Pedro salió en horas de la mañana de su humilde vivienda ubicada en un asentamiento de la zona 6 capitalina, que antes era un barranco. Su objetivo era claro: llevarse un arma calibre 22 para asesinar a un miembro del grupo rival. Su fechoría no quedó impune porque fue capturado; sin embargo, tuvo que ser recluido en un centro para menores porque tenía solo 12 años de edad. Así de cruda es la historia de terror de las pandillas en el país.

Desde las últimas dos décadas, estos grupos delictivos no solo se han reorganizado incesantemente: también ha aumentado el grado de complejidad de sus operaciones para continuar sembrando el terror entre los guatemaltecos.

Para ello, reclutan a menores de edad y a mujeres, con el propósito de que pasen más inadvertidos y tomar por sorpresa a sus víctimas. Aunque las fuerzas de seguridad han logrado capturar a varios líderes y desarticular algunas estructuras, expertos señalan que el problema sigue palpable, pues anteriores gobiernos de “mano dura”, lejos de hallar soluciones eficaces, solo han logrado multiplicar las gavillas.

Para algunos, el origen está en problemas sociales como la pobreza, el abandono y la desintegración familiar. De ahí que muchos de sus integrantes más jóvenes provengan de áreas desfavorecidas, que los cabecillas convierten en centro de operaciones, sembrando el miedo entre los residentes, a quienes exigen el pago de extorsión.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), hay presencia de pandillas en las zonas 5, 6, 7, 12, 18, 21 y 25, donde se registra un alto índice de hechos delictivos y que las fuerzas de seguridad denominan “rojas”.

También se observa actividad de estos grupos delictivos en Chinautla, Villa Hermosa, Mixco y Amatitlán, e incluso se han extendido a Quiché, Chimaltenango y Escuintla.

Viven del crimen y tienen empresas

“En la zona 18 hay colonias o barrios donde no pueden llegar los buses, mucho menos los carros particulares, pues son territorio de las pandillas. Ahí todos pagan, al igual que los negocios, por pequeños que sean. En las tiendas de barrio les cobran entre 500 y mil quetzales al mes o a la quincena, y si no pagan los matan, igual que a nosotros”, relata Juan*, taxista, quien asegura que si se atrasan, los pandilleros los asesinan.

Todos pagan la extorsión

En esto coinciden víctimas entrevistadas, a quienes se menciona con nombres ficticios, algunos por ser menores de edad y en otros casos, por su seguridad personal.

Los pandilleros son sanguinarios y logran hacer mucho dinero, cuenta otro testigo, quien señala que algunos tienen negocios de transporte pesado, de pasajeros, taxis y propiedades en alquiler.

“Sus familias viven en otros lugares; en los asentamientos los ranfleros solo tienen sus escondites o llegan a pedir cuentas por la venta de drogas. La Policía lo sabe, pero no dice nada por temor o porque también les dan su tajada. Todo se reparte, hasta los balazos, porque los rivales se mueren en ese negocio”, sostiene Mario*, un expandillero que ahora es pastor evangélico.
Las pandillas han hecho del crimen un lucrativo negocio, con la venta de cocaína, crack y mariguana, aunque también se dedican al sicariato, el secuestro, la explotación sexual y al contrabando de armas.

¿Cómo combatirlas?

Para algunos analistas, el mayor desafío en el combate a las pandillas es tratar de encontrar una solución idónea. Ya se ha comprobado que el encarcelamiento solo los hace “subir de estatus”, ya que los reclusorios se convierten en centro de operaciones de los jefes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, desde donde dirigen las extorsiones, con la ventaja de estar a salvo de los peligros de las calles.

Ante ello, el recién nombrado ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció entre sus principales planes el combate frontal a las pandillas, por lo que solicitó al Congreso de la República modificar la ley para tipificarlos como “terroristas” para que las penas sean más duras.

Además, impulsó una serie de operativos de seguridad donde se lograron algunas detenciones. No obstante, la delincuencia continúa y los pilotos de transporte extraurbano y los taxistas, por citar dos ejemplos, siguen a merced de estos grupos.

Sobre la propuesta de reformar la ley, el experto en seguridad Julio Rivera Clavería, opina que debe ser sometida a un estudio académico en el Legislativo, y tomar como una investigación elaborada en El Salvador, sobre los resultados de haber declarado a las pandillas organizaciones terroristas.

Pandillas
Fotografía. AFP

“Considero que es muy difícil que pueda ser reformado el Código Penal en ese sentido, porque la definición que lo contempla ya se ajusta a este tipo de actividad ilegal, por lo que creo fundamental que el Ministerio Público haga la acusación encuadrada dentro del artículo 391 del CP, y que los jueces, igualmente, juzguen sobre la base de la acusación sustentada en ese artículo”, opina Rivera.

Dicho delito es tipificado como Terrorismo, y textualmente dice lo siguiente: “Quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de cinco a quince años. Si se empleare materias explosivas de gran poder destructor para la comisión de este delito o, si a consecuencia del mismo resultare la muerte o lesiones graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de diez a treinta años”.

Un problema serio

Sin embargo, el problema va más allá de cómo deben ser calificadas las pandillas. Mientras se movilicen libremente por las calles y los líderes puedan ordenar extorsiones desde las cárceles, nada va a cambiar.

Tampoco se verán logros si no se diseñan políticas para contrarrestar las causas de fondo y no se fortalecen los controles, en especial los relacionados con personal de seguridad de su entorno al cual puedan sobornar.

Para Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el ministro de Gobernación está equivocado al hacer ese tipo de propuestas. “Ya está demostrado que la mano dura no funciona para combatir la criminalidad”, cuestiona.

“En un país donde no se le brindan oportunidades a la juventud, calificarlos de terroristas puede implicar un abuso, debido a la posible generalización, pues solo por ser jóvenes y tener cierta rebeldía podrían llegar a ser criminalizados”, advierte Polanco.

Aun así, el tema debe abordarse de manera integral, ya que los reportes diarios de criminalidad, en gran parte, tienen relación con los pandilleros. A criterio de Rivera, sin lugar a dudas es un fenómeno criminal que debe ser analizado con seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades de gobierno. “Este fenómeno es causante de múltiples hechos criminales que van desde el asesinato y el sicariato, hasta la extorsión y narcomenudeo, entre otros”, enfatiza.

“Considero importante definir un plan de seguridad de largo plazo en el combate a las maras, desarrollado y sostenido en el tiempo -4 ,8 y 12 años-, para irse ejecutando en etapas y que permita que cualquier persona que llegue al Gobierno, le dé continuidad en dos áreas distintas. Una, la prevención del delito, que está directamente relacionada con mejorar las condiciones de vida, educación, salud, vivienda y trabajo, factores que inciden en los niveles de violencia y criminalidad que actualmente vive el país. Y la otra en la parte operativa, que está a cargo del Ministerio de Gobernación y de la PNC, que debe efectuar sus pesquisas en coordinación con la Dirección General de Inteligencia Civil y la de Inteligencia Militar para determinar y ubicar a las clicas, a sus miembros, su modus operandi y las zonas del país donde cometen los crímenes”, opina el experto.

En este contexto, sobre la mesa de seguridad hay propuestas, pero ninguna, hasta la fecha, ha funcionado para combatir a las pandillas, por lo que la mejor forma de debilitar el problema es la prevención, el combate a la corrupción y al crimen organizado. Mientras tanto, impedir el cobro de la extorsión es un camino difícil, aunque también efectivo para mermar los recursos de estos grupos criminales.

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