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Militares retirados irrumpen en el Congreso, provocan incendio e impiden salida de diputados y trabajadores

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Ex militares irrumpieron en el Congreso e impidieron la salida de diputados y trabajadores durante disturbios de esta tarde de martes.

Los veteranos protestaron en calles y avenidas de la zona uno para que se les otorgue un resarcimiento por su participación en la guerra interna.

Exigen un pago de Q120 mil para cada uno de sus integrantes, algo que ha sido calificado por algunos funcionarios como imposible de erogar. Son al menos 80 mil los supuestos excombatientes.

Empleados intentaron proteger el ingreso desde el parqueo, pero un grupo de manifestantes logró penetrar al Congreso, en donde al parecer golpearon a empleados y a algunos legisladores, tal como denunció en redes sociales el diputado Carlos Barreda.

 

Se dio también del incendio de al menos 5 vehículos en el parqueo del Legislativo. Bomberos Municipales laboraron para extinguir el siniestro.

El legislador Álvaro Arzú Escobar exigió a las fuerzas de seguridad actuar ante las acciones violentas contra los empleados y diputados.

Por su parte, la diputada Samantha Figueroa de la UNE, señaló al Presidente Giammattei y a Allan Rodríguez como los responsables de las acciones de los militares retirados.

Además, el legislador Luis Fernando Pineda solicitó ayuda por las redes sociales y confirmó que algunas oficinas fueron incendiadas.

Por lo pronto se reporta la captura de Teléforo Ramírez López, de 68 años, y Mynor De Jesús Barrientos, de 55 años, presuntos responsables de haber participado en el daño a instalaciones del Congreso y a equipo de particulares, reportó la PNC.

En horas de la noche del martes, se confirmó la captura de Juan Parachico Sánchez, de 50 años y Ernesto Martínez Agustín, de 47 años, capturados en la entrada a la Centra Norte, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico.

Se sabe además de otras dos personas que permanecen con custodia en un centro asistencial.

El Gobierno emitió un pronunciamiento señalando que ha sostenido «diálogo previo con otros grupos de veteranos legítimamente verificados, quienes de manera respetuosa, han presentado sus solicitudes».

Asegura que estos grupos están «conscientes que la decisión final depende de la discusión de la ley en el Pleno del Congreso y de la disponibilidad de recursos que permitan la viabilidad financiera de la misma».

Explica que «en ninguna circunstancia son aceptables acciones violentas, al margen de la ley», y agrega que «llama la atención que la edad de algunos de los manifestantes no corresponde a la que deberían tener excombatientes».

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