De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, los 6 mil millones de quetzales asignados para el Bono Familia, fueron ejecutados en un 100%.
A decir del titular de la cartera, Raúl Romero, durante las inspecciones se evidenció que una gran cantidad de personas mintieron en su información para cobrar el beneficio.
Un total de 8 mil denuncias fueron interpuestas en el Ministerio Público, por los diversos casos detectados.
Por ejemplo, se hizo el hallazgo de personas que cobraron el beneficio y son trabajadores del Estado, Municipalidad u otras dependencias.
En el caso de los beneficiarios que fallecieron y no pudieron cobrar los dos últimos pagos, según el funcionario, el dinero continúa en el sistema y podría pasar a un fondo común del Estado.
El Ministro de Desarrollo, indicó que, quienes cobraron de forma ilícita el Bono Familia podrían enfrentar la justicia. Esto refiere que podrían devolver el dinero, enfrentar una multa y delitos.
