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Memorias acerca de una Corte ilegítima

2 febrero, 2017 Gustavo Berganza

Antes de que la indignación que ocasionó la participación de Roxana Baldetti y Otto Pérez en La Línea llenara a reventar la Plaza de la Constitución, un pequeño grupo de ciudadanos nos congregamos, en el ya lejano mesde septiembre de 2014, a exigir que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulase la elección de la recién integrada Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 
En aquella ocasión, un recurso presentado por Helen Mack paralizó temporalmente el cambio de mando en el Organismo Judicial.

 

Aquellos escasos manifestantes argumentábamos que esos magistrados habían sido electos de manera ilegal, porque el Congreso, controlado por el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider) no se habían tomado la molestia de analizar las ejecutorias de cada uno de los postulantes y los diputados tampoco se habían tomado, como exige la ley, el trabajo de entrevistarlos.

 

Además, los listados base habían sido fruto de un proceso viciado, debido a intercambios de favores entre postuladores y postulantes.

 

Esa Corte fue negociada por quien era el precandidato presidencial del PP, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el precandidato presidencial de Lider, Manuel Baldizón.

 

En la confección del listado que se presentó al Congreso, habían participado el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, y elempresario Gustavo Herrera, entre otros.

 

Con un listado acordado de antemano y con el respaldo de Sinibaldi, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, los diputados del PP votaron disciplinadamente.

 

De esa misma forma, los legisladores de Lider acataron la orden de Manuel Baldizón y le echaron la aplanadora encima a quienes pedían conocer a los postulantes, entrevistarlos y deliberar sobre sus fortalezas y defectos.

 

Más adelante una magistrada interina de Apelaciones, de nombre Claudia Escobar, desató un gran revuelo al denunciar y documentar el tráfco de infuencias que se dio para elegir a la Corte de Apelaciones.

 

Escobar señaló al expresidente del Congreso y diputado patriota, como la persona que le ofreció que su bancada votaría por ella, a cambio de que la sala en la que ella laboraba descartase una apelacióndel Tribunal Supremo Electoral, que implicaba desaforar a Roxana Baldetti como secretaria general del PP.

 

Pero aún con todas esas evidencias –proceso de postulación viciado, elección que no se ajustó a la ley–, la CC de ese tiempo descartó la objeción de Helen Mack y dio por válida la elección.
Dos años y tres meses más tarde, dos magistrados de esa Corte, Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, renunciaron luego de señalarse su participación en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

 

Ambos están a la espera de ser enjuicidados. Otra magistrada, Blanca Stalling, fue denunciada por el juez a quien ella pidió trato favorable para su hijo, quien afronta proceso por el caso Pisa.

 

Este lunes, la Corte de Constitucionalidad le dio –ahora sí– la razón a Helen Mack en su cuestionamiento de la legalidad de la elección de Silvia Patricia Valdez, como presidenta del Organismo Judicial.

 

Valdez fue propuesta para el cargo por Blanca Stalling.

 

En los 27 meses transcurridos, desde aquellas manifestaciones tan criticadas por la derecha conservadora, los principales actores implicados en la elección de esa Corte, o están en prisión preventiva –Pérez, Baldetti, Juan de Dios Rodríguez–, fueron ya condenados –como fue el caso de Gudy Rivera–, o están prófugos –como Alejandro Sinibaldi–, por diversos delitos que implican corrupción y abuso de poder.

 

Gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP) se vio que esa Corte también estaba integrada por magistrados corruptos, con poco respeto por la ley y, ya no digamos, por la justicia.

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