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Más allá de una Política de Competitividad

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24 febrero, 2018 Redaccion Contrapoder

El 12 de febrero, el Programa Nacional de Competitividad -Pronacom- lanzó la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 -PNCom-, un instrumento de planificación basado en la estrategia denominada 11-11-9, a través de la cual se espera mejorar la competitividad del país e incrementar su productividad.

La estrategia consiste en potenciar la productividad de 11 clústeres, liberando las principales restricciones que afrontan para ser competitivos, implementando una agenda horizontal con cinco prioridades y una vertical con seis. Los 11 clústeres productivos y las 11 prioridades se trabajarán en nueve territorios, identificados en el Plan Nacional de Desarrollo K´atún 2032.

A través de la implementación de la PNCom se busca que para el año 2032, Guatemala alcance un crecimiento económico anual superior al 6 por ciento y haber creado más de 8.5 millones de empleos formales. Objetivos bastante agresivos, al considerar que en los últimos 30 años la economía nacional, en promedio, ha crecido a una tasa del 3.7 por ciento y que en 2016 existían alrededor de 1.3 millones de empleos formales (tomando como referencia el número de trabajadores afiliados al IGSS).

En otras palabras, a través de la implementación de la PNCom se espera que en un plazo de 15 años se duplique la tasa de crecimiento económico y que la cifra de empleo formal crezca en 554 por ciento.

La PNCom se lanza en un momento en que la atención de los actores del sector público, privado y sociedad civil se encuentra diluida en distintos temas de coyuntura, como los casos que recientemente han presentado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (a la espera de otros de alto impacto); la elección de un nuevo fiscal general; los fallos de la Corte de Constitucionalidad en relación con el funcionamiento de proyectos productivos y el desenlace de la inconformidad que el Ejecutivo ha manifestado a nivel internacional sobre el jefe de la Cicig.

Dado que nos encontramos en el penúltimo año de la administración del presidente Morales y que venimos de experimentar un desempeño económico insatisfactorio en 2017, cuando el país retrocedió nueve posiciones en el Doing Business, seis en el índice de Competitividad Global y su calificación de riesgo-país fue revisada a la baja por parte de Standard&Poor´s. Para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y generación de empleo establecidos en la PNCom es necesario generar acuerdos que superan el contenido y naturaleza de dicha política, donde todos los actores del Estado, sector privado y sociedad civil retomen como prioridad el impulso de una agenda de desarrollo económico, con una visión integral de largo plazo, que se traduzca en acciones concretas que se implementen de manera inmediata.

El bono demográfico de Guatemala (más del 65 por ciento de su población es menor de 30 años) y las perspectivas económicas a nivel internacional, hacen de 2018 un año propicio para ubicar al país en esa senda de desarrollo que durante tantos años se ha esperado, pero es necesario realizar esfuerzos y adquirir compromisos que van más allá de lanzar una política de competitividad.

* Por David Casasola. 

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