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Limpieza en los procesos electorales

3 noviembre, 2017 Carroll Rios

Surge un sentir generalizado que prioriza la revisión profunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). No desperdiciemos esta oportunidad.

En ojos del comisionado Iván Velásquez, el financiamiento electoral ilícito es la raíz principal de la corrupción política en Guatemala. En realidad, quienes comprenden los incentivos que imperan sobre políticos y burócratas saben que, para limpiar el panorama político, hay que promover múltiples reformas institucionales, y no quedarnos en las temidas decapitaciones y los juicios mediáticos de “los jueves de la CICIG”.

Hace ya dos años que el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) publicó un estudio que analiza la LEPP, desde una perspectiva interdisciplinaria: la ciencia política y el derecho. El estudio no fue atendido en el 2015, cuando el Congreso y la Corte de Constitucionalidad admitieron diez cambios a la LEPP, que se quedaron lejos de las “demandas ciudadanas”.

“Resolver el problema de agente-principal que asola al sistema”, es el principal objetivo de la propuesta del CEES, escrita por Eduardo Fernández y Jesús María Alvarado. ¿Qué quiere decir eso? La romántica teoría democrática establece que los gobernantes de turno representan a los votantes: actúan en el mejor interés de los electores y les rinden cuentas. Los ciudadanos somos los jefes, los principales, y los políticos son nuestros servidores o agentes. Pero, en este y en otros escenarios, el agente pone por delante su interés propio e impone costos al despistado principal, que desconoce las interioridades del juego político.

No tiene el tiempo ni la suspicacia para convertirse en un supervisor experto, ni tampoco cuenta con los mecanismos para hacer valer sus preferencias. Aumentar el control del ciudadano-principal sobre sus representantes es, por tanto, un cambio profundo por el cual debemos luchar. “La investigación desea proponer un mecanismo electoral viable y que respete el espíritu de la actual LEEP: la proporcionalidad en la representación electoral,” escriben Fernández y Alvarado.

Así, proponen la creación de subdistritos electorales. Hoy día, cada departamento es un distrito político, pero si cada territorio se divide en distritos más pequeños, aumenta la representatividad. El conocimiento del elector sobre su representante será más relevante y será más fácil fiscalizar su labor, mientras que en el presente, nuestra relación con los diputados distritales es nula. ¡No sabemos siquiera quién nos represen- ta en el Congreso!

Además, sugieren que las listas sean abiertas, de tal suerte que podamos elegir a los candidatos a diputado uno por uno y no como parte de un paquete cerrado. La boleta electoral tendría los listados por partido, pero a la par de cada candidato habría una casilla. Podríamos marcar tres o más casillas, eligiendo uninominalmente.

Finalmente, el documento sugiere que se des- vincule a las organizaciones partidistas de los territorios políticos. El mercado político sería más competido si se eliminan estas barreras de entrada. “Sin duda es contra intuitivo, pero un sistema como el que proponemos –con subdistritos de magnitud tres con listas abiertas y desbloqueadas-, provocaría el ingreso de nuevas élites fortaleciendo la institucionalidad y no debilitándola como se puede suponer en un inicio», escriben. Es conveniente atraer al mercado político a nuevos actores a través de reglas más flexibles y liberalizadoras.

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