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La tragedia del volcán, dos meses después

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3 agosto, 2018 Estuardo Gasparico

Inmediatamente después de la erupción del Volcán de Fuego, el Organismo de las Naciones Unidas para laa Migraciones (OIM) se dio a la tarea de recopilar información de primera mano sobre la magnitud del desastre.

En un tiempo récord, que las instituciones gubernamentales deberían tomar como ejemplo  por seguir, la OIM produjo los siguienes informes:  Necesidades de infraestructura; Reporte de sitios colectivos no oficiales; Reporte situacional; Encuesta y expectativas de medios de vida, y Reporte de sitios.

Entre los principales hallazgos de los sondeos están que el 86 por ciento de las personas afectadas perdió su fuente de trabajo o su negocio; el 43 por ciento  se quedó sin terreno para realizar actividades agropecuarias, y 13 por ciento dice tener intenciones de migrar de forma irregular

Ante esto, la OIM amplió la respuesta y las coordinaciones con el Estado de Guatemala para atender la emergencia, y llevó a cabo dos rondas de evaluación de características de la población afectada, para mejorar la infraestructura, fortalecer la atención en albergues y prevenir la trata de personas en el contexto de desastres.

Según la última Encuesta sobre Expectativas y Medios de Vida, 41 por ciento de las personas entrevistadas tiene necesidades de vivienda; el 25 por ciento de trabajo; el 18 por ciento de un terreno para actividades agrarias; el 7 por ciento de ayuda económica y el 9 por ciento de capacitaciones, becas, muebles, electrodomésticos o apoyos en salud, entre otros servicios.

Luego, dio a conocer que la información recabada con la metodología de la Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana (DTM, en inglés) a través de entrevistas a las personas ubicadas en albergues, ya fue puesta a disposición de las autoridades, agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, organismos internacionales y del cuerpo diplomático acreditado en el país para dar una respuesta integral y diferenciada, según las necesidades poblacionales.

Como resultado positivo, se reportó  que todos los albergues cuentan con seguridad perimetral y clínicas para la atención médica primaria. El reporte sobre Necesidades de Infraestructura detalla que todos los albergues activos para esta emergencia presentan algún grado de vulnerabilidad, particularmente en las áreas de alojamiento y asentamiento, agua y saneamiento, y protección y salud.

No obstante, asegura que no se cuenta con privacidad y separaciones entre las familias; los baños y las duchas no tienen iluminación; hay proliferación de vectores y desabastecimiento de agua; aspectos que deben ser atendidos con la nueva asignación de fondos.

Paralelamente, y con el objetivo de prevenir los delitos de violencia sexual y trata de personas en los albergues, se han entregado materiales impresos dirigidos a padres de familia, así como a menores que se encuentran albergados.

Los traslados a viviendas un poco más formales y dignas ya comenzaron, con lo que varios de estos problemas se solucionarán. Pero lo cierto es que aún  queda mucho trabajo por delante.

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