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José Carlos Marroquín cobró US$118 mil al MP por asesoría innecesaria

Segunda Jornada público
13 diciembre, 2018 Redaccion Contrapoder

Entre octubre de 2016 y enero de 2018, José Carlos Marroquín, exestratega de campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), firmó contratos de asesoría con el Ministerio Público (MP), sufragados por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal.

La revisión de los contratos y los informes de labores que envió al MP dejan claro que su trabajo consistió en la actividad conocida como lobby, para mantener la buena imagen de la entonces fiscal general Thelma Aldana, como expresa claramente el primer informe de labores de Marroquín a la Fiscalía.

Los abogados Mario Mérida, Rolando Alvarado, Luis Linares y José Luis González Dubón coinciden en que no es ético que una institución estatal utilice fondos de un préstamo destinado a fortalecer la justicia penal, para promover la imagen de una funcionaria que tiene como tarea principal la investigación de diferentes crímenes.

“Este caso debe ser investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), si quiere mantener incólume su imagen”, señala Mérida, al agregar que si la Cicig conocía este hecho, debió investigarlo. Para Mérida “no tendría nada de raro una actividad de lobby, si no fuera por el perfil de quien lo hizo y los fines que tuvo: una manera de reducir la crisis de imagen del MP y, en consecuencia, de Thelma Aldana. En cuanto al trabajo de lobby realizado por empresarios, obviamente son libres de destinar sus fondos a la actividad que consideren. No es dinero del Estado”, precisó.

El asesor es hijo de Oscar Clemente Marroquín, quien ha expresado públicamente su interés en participar como compañero de fórmula de Aldana a la Presidencia. Esto, según Mérida, convierte la actividad en una labor proselitista poco ética.

Luis Linares, especialista en temas laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirma que una institución nacional no tiene por qué hacer este tipo de actividades en el extranjero. “No hay justificación en que se realice cabildeo para apoyar la opinión pública a favor de una entidad estatal. No es necesario y es una extralimitación. El encargado de la política exterior es el Ejecutivo, no el MP, cuyo cumplimiento de funciones debe ser independiente y no requerir la opinión de otros países. Está fuera de sus atribuciones contratar cabildeo o relacionistas”, puntualizó.

Por su parte, González Dubón señala: “Existen muchos indicios de que fue una contratación anómala, incluso de que los servicios no fueron prestados a cabalidad. El MP le pagó por emitir opiniones sobre la situación de Guatemala en EE.UU., pese a que se encuentra asilado en ese país. Si se encuentra asilado, no es posible que reciba beneficios económicos del Estado donde supuestamente fue perseguido. Esto da lugar a que se pueda pensar que la persecución en su contra fue falsa. Otro hecho anómalo es la relación política de Aldana con el padre del asesor. El asunto debe ser investigado a fondo por la fiscal general Consuelo Porras, aunque no hay indicios de actividad anómala en ese sentido”.

José Carlos Marroquín.

Contratos muy peculiares

Los pagos a Marroquín se llevaron a cabo con recursos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificado como “Contrato de préstamo No. BID 1905/OC-GU, entre la República de Guatemala y el BID, destinado a financiar el programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, suscrito el 14 de diciembre de 2011”.

El consultor fue inscrito bajo el renglón presupuestario 189, indican las copias de los contratos revisados por ContraPoder. El siguiente cuadro sintetiza los principales hallazgos de la revisión:

Temas, interlocutores y actores de la asesoría

El personaje de mayor relevancia en esta trama es el MP, o más exactamente, la exfiscal general Thelma Aldana, quien contrató a José Carlos Marroquín Pérez, cuya principal función ante diversas instancias de incidencia en EE.UU. fue promocionar la imagen de la exfuncionaria.

Esto se evidencia en cada uno de los informes presentados por Marroquín al MP:

En uno de los primeros informes, define como objetivo: “Diseñar una estrategia para cubrir a los actores más importantes y de mayor interés para la agenda del despacho de la fiscal general”.

Entre las funciones del consultor estuvo preparar la participación de Aldana en la Conferencia Latin American Change is Comming; coordinación del encuentro entre Aldana, el exministro de Gobernación Francisco Rivas y la congresista Norma Torres, “aprovechando el interés de Norma Torres”; lograr que la reunión entre Aldana y dos senadores estadounidenses fuera “el punto más importante de la agenda” en la visita de estos a Guatemala; reunión entre Iván Velásquez, Aldana y senadores estadounidenses.También apoyar su participación como oradora en la Asamblea Anual de Justice Mission y, finalmente, se consignan como resultados que la exfiscal general fuera “propuesta y electa presidenta de la Convención contra la Corrupción de la ONU y su presencia en la Semana de la Seguridad del BID.

Las diferentes amenazas y “campañas negras” contra la exfiscal fue otro de los temas que Marroquín abordó en las reuniones con personalidades estadounidenses. Incluso el mensaje de Twitter donde Aldana amenazaba con renunciar si Iván Velásquez era retirado, fue un tema relevante que trató con políticos y líderes estadounidenses.

Los acercamientos de Aldana a sus homólogos centroamericanos y visitas a países de Latinoamérica fueron otra de las labores en las que estuvo presente la asesoría de Marroquín así como el seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las medidas cautelares para la exfiscal, a raíz de las amenazas que esta denunció.

Obviamente, el consultor es el segundo actor de relevancia en esta historia. Ninguno de los contratos especifica cuál es su profesión, quien es identificado como “señor”. En cualquier caso, fue estratega de campaña de la UNE durante un breve período, puesto del que se retiró para asilarse en Estados Unidos, luego de denunciar un atentado en su contra.

Según la CIDH, “el 18 de noviembre de 2016, personas desconocidas lanzaron bombas y dispararon armas de fuego contra su casa”. El hecho se explicó como el intento de presionar a Marroquín para que abandonara su militancia en la UNE. La CIDH solicitó al Estado “garantizar la vida y la integridad de Marroquín”, quien se asiló en Estados Unidos en 2007. Cabe mencionar que, según las normativas estadounidenses, un asilado político no puede recibir fondos del país donde su vida fue amenazada, dijo Alvarado.

El mandatario

El tercer actor relevante es Edgar Manuel Villanueva Sosa, mandatario ad honorem de Marroquín y, como tal, firmante de cada uno de los contratos entre el asesor y el MP. Villanueva aparece como parte del equipo en la página del bufete Marroquín, Pérez & Asociados, donde uno de los socios más representativos es Pedro Pablo Marroquín, director del vespertino La Hora, diario en el que Villanueva es columnista desde 2016. Abogado con maestría en Derecho por  The George Washington University Law School, Villanueva fue ministro consejero de la embajada guatemalteca ante EE.UU., entre 2009 y 2016.

Cuatro de las reuniones que Marroquín consigna en sus informes de actividades fueron con Villanueva, primero como ministro consejero y posteriormente como “exministro consejero”.

Entre abril y octubre de 2017, Villanueva fue asesor en el despacho del subtitular de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo. El monto de la contratación fue de Q120,000. Las actividades del abogado como asesor del viceministro de Seguridad están detalladas en los informes que aparecen en Guatecompras, así como las facturas.

Uno de los resultados que presentó Marroquín fue: “Se explicó (a funcionarios estadounidenses) las condiciones de cooperación que existen entre el despacho de la fiscal general y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, así como el viceministro Ricardo Guzmán”. En cuanto a los informes de Villanueva al MP, citamos:

“Conversaciones telefónicas con funcionarios del Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos sobre el trabajo del Ministerio de Gobernación en temas de reducción de homicidios, prevención y protección fronteriza” es una de las actividades que consignó más de una vez en los informes que se pueden leer en la página citada.

Otra de las actividades es “Evaluación del mapa de medios de comunicación para determinar la hoja de ruta de acercamiento a medios. Envío de propuesta de acercamiento de medios de comunicación sobre estrategia de relacionamiento diseñada para el Ministerio de Gobernación”.

En cuanto a los interlocutores en las reuniones citadas en los informes, pueden mencionarse instituciones y grupos civiles. Se reportaron ocho reuniones con congresistas estadounidenses y dos con asesores del Congreso; oenegés, instituciones federales y miembros del gobierno de EE.UU.

Un lobby financiado por los contribuyentes

Ya se hizo ver que los fondos para la consultoría del MP en EE.UU. provenían de un préstamo del BID para fortalecer la justicia penal. Sin embargo, los esfuerzos del consultor se enfocaron en fortalecer la imagen del MP para captar aliados e impedir el debilitamiento de la alianza conformada por el MP, la Cicig y el entonces embajador estadounidense Todd Robinson.

Algunas de las conclusiones de Marroquín en sus informes muestran claramente este objetivo:

“Es importante que ante los esfuerzos de distintos sectores por plantear que se quite el apoyo a Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al embajador de EUA ante el gobierno de Guatemala, que se hagan acercamientos con los principales operadores políticos para que se mantenga el tema vigente”.

“Asimismo, hacer acercamientos con los tanques de pensamiento para que puedan ser operadores del mismo mensaje y lograr cohesión ante lo proyectado”.

Dos incidentes que amenazaron con debilitar la imagen del MP

(y finalmente lo lograron) son la muerte del exministro Pavel Centeno y el proceso contra el exfiscal de Derechos Humanos Orlando López, encargado del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt. López fue capturado por atropellar a una persona y darse a la fuga. Ambas situaciones motivaron críticas y preocupación en EE.UU. Al respecto, el informe dice: “Es de importancia comentar que se logró neutralizar un sentimiento negativo de parte de actores en Washington D.C., aunque siguen a la expectativa del proceso”. En cuanto al caso de Centeno, “se transmitió la certeza de que se actuará con seriedad”.

Otro aspecto que despierta suspicacias en la contratación realizada por Thelma Aldana está el conflicto de interés que asoma cuando se lee la relación entre Villanueva y Marroquín. Al respecto, Alvarado concluye: “Hay conflicto de interés debido a que el mandatario Villanueva, en una misma relación contractual ante el MP, por una parte representa a José Carlos Marroquín y al mismo tiempo representa al Estado de Guatemala como ministro consejero de la embajada en EE.UU., para, supuestamente, reunirse con su mandante, José Carlos Marroquín. Es como que el gerente de un banco represente también al deudor de ese banco”.  Así que juzgue usted.

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