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Jaque al rey, a la reina y a los peones

2 febrero, 2017 Christians Castillo

Al leer los diarios y enterarse de la caída de los servidores de la corrupción, lo que se espera es que sobreviva la institucionalidad.

La desestructuración del modelo criminal del Estado ha llegado a todos los estratos de la sociedad guatemalteca y, de paso, ha arrastrado visiblemente a los operadores, gestores y actores de una clase política que ahora no tiene amo, financista ni chucho que le ladre. Son el lumpen de un sistema que se pudrió por todos lados. Y ahora que está al descubierto, y como afecta a los tres poderes, todos deciden lavarse las manos de los que por 32 años fueron los arquitectos y constructores del Estado del que hoy nos avergonzamos.

Narcos, diputados, ministros, jueces, magistrados, empleados públicos de todos los niveles… ¡Ah!, pero también empresarios, pastores, bomberos son, entre otros, quienes han resultado señalados de participar en hechos criminales desde su posición y en proporción a su cuota de poder. La actual depuración social es la única capaz de poner orden en medio del caos en el que se encuentra el Estado.

Así como cuando el Estado reconoció su incapacidad para desmontar aparatos clandestinos de seguridad, invocó la subsidiariedad internacional y solicitó la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Ahora, nuevamente se plantea que como los actores monstruosos –esos que nadie quiere cerca, pero que le han servido a muchos sectores–, están incrustados en los tres poderes, es el momento para hacer un reseteo del sistema y reiniciar el Estado, porque es iluso pensar que con solo meter a la cárcel a los cabecillas, todos los que integran las estructuras y han jugado con las actuales reglas del juego por tres décadas, serán honestos, responsables y respetuosos del Estado de derecho.

La justicia se debe aplicar pareja y si ello implica que funcionarios de los tres poderes enfrenten la ley, que así sea. Mi única objeción es con los oportunistas, que ven en esta coyuntura la ocasión de saltarse las trancas y ser los salvadores de la patria, sin enfrentar el escrutinio público. Estos quieren dar al traste con la endeble institucionalidad que tenemos y que es la única oportunidad de reconstruir el país luego del tsunami.

Hay quienes afirman que el Estado ya no es legítimo. Se trata de ciudadanos honestos que han perdido la confianza en la clase política que, valiéndose de procesos legitimadores, como las elecciones, han utilizado el poder en beneficio propio y condenado a las mayorías a la pobreza y la exclusión. Estos ciudadanos piensan que el Estado no ha sido capaz de administrar políticas, ni de diseñar políticas públicas efectivas, ni de garantizar una representación legislativa honorable, es mejor prescindir de las instituciones y permitir que otros nos gobiernen. Basta con recordar que este país ha tenido capataces desde la época de la Encomienda y el Repartimiento y, dada su incapacidad de gobernar, las élites que promovieron la Independencia, se dieron prisa en anexarse a México.

La historia siempre se repite y si creemos que sin liderazgos nacionales y un pacto social que cree instituciones públicas fuertes, efectivas y consolidadas, vamos a superar la crisis de credibilidad por la que transita nuestro Estado, lo único que haremos es volver a engañarnos. Basta de lavarnos la cara y seguir como si nada, con ello solo vamos a postergar, nuevamente, la escasa posibilidad de un desarrollo para todos en Guatemala.

Que sentencien a todos los que han cometido delitos, pero que ello sirva para limpiar las instituciones, mejorar los procesos y evitar que el Estado, en un futuro no muy lejano, vuelva a caer en manos de esos que agazapados esperan que el tsunami pase.

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