El Ministerio de Economía hace saber al Sector Empresarial las nuevas disposiciones para el transporte de carga que se dirige a Costa Rica.
Recordemos que el 18 de mayo Costa Rica restringió la circulación del transporte de carga centroamericano en su territorio para evitar el contagio de COVID-19. Las disposiciones establecían que los transportistas pudieran entregar su vehículo a un conductor costarricense, previa desinfección de este, para que este último lleve la mercancía a su destino.
O bien desenganchar el furgón que es propiedad del transportista y engancharlo a un cabezal costarricense, quedando a la espera que de que lo retornen en furgón o trasegar la mercancía a un vehículo de carga costarricense.
El plazo otorgado para hacer estas operaciones era de 72 horas, 48 horas para carga y descarga y 24 horas más para abandonar el país. En el caso de las mercancías en tránsito hacia o desde Panamá, los vehículos debían atravesar el territorio costarricense en un convoy custodiado de 50 vehículos.
Desde el primer día de su aplicación, Guatemala manifestó la inviabilidad por el riesgo que representa para la integridad de la carga y los medios de transporte, así como las condiciones bajo las cuales fue contratado el seguro. La misma posición fue expresada por los demás países de la región.
A consecuencia de lo anterior, Costa Rica modificó sus disposiciones incluyendo la posibilidad de descargar la mercancía en un depósito aduanero, con rutas fiscales controladas manteniendo el plazo de 72 horas para abandonar el país, lo cual representa un costo adicional para las mercancías centroamericanas. Sin embargo, Guatemala aceptó de forma temporal para que los transportistas puedan descargar la mercancía y regresen a sus países de origen.
Las autoridades de Salud, aduanas, migración y economía de la región trabajaron en la elaboración de un Protocolo de Bioseguridad para el Transporte de Carga de Mercancías con el fin de garantizar la salud de las poblaciones. Sin embargo, instan a las autoridades costarricenses a que revisen las medidas adoptadas para encontrar soluciones viables que no afecten la competitividad de las empresas centroamericanas, especialmente ahora que las economías de la región se encuentran afectadas.
