La Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela confirmó el viernes la detención por narcotráfico de Keyrineth Fernández, alcaldesa reelecta hace dos meses del municipio Jesús María Semprún y dirigente indígena del partido rojo, durante un operativo que el gobierno venezolano llamó “Mano de Hierro”.
Ese comunicado también reveló
El arresto de una diputada y dirigente juvenil del PSUV, Taína González, y de otro legislador suplente que se separó en 2018 de las filas de la oposición al gobierno de Maduro, Luis Viloria Chirinos.
A las dos dirigentes chavistas, las detuvieron uniformados de la Policía Nacional Bolivariana en un punto de control del estado Falcón, en el occidente del país. Dentro de su camioneta hallaron 7,1 kilos de droga, según la prensa local.
El operativo se ejecutó “por instrucciones del presidente”, según el comunicado de la superintendencia antidrogas, y significó un “duro golpe a una red de narcotráfico” de las regiones de Zulia, fronteriza con Colombia, y Falcón.
Un día después, el poder ejecutivo venezolano anunció el arresto de Carlos Vidal, alcalde del partido gobernante PSUV de Independencia, en el estado oriental de Anzoátegui, por su participación en una “peligrosa” mafia que contrabandeaba combustible.
El gobierno enmarcó su arresto, así como los de un fiscal y un capitán de la Guardia Nacional, en el mismo operativo “Mano de Hierro”. El nombre, así como su mensaje tácito, “sugieren fuerza y, si se quiere, escrúpulos” del madurismo, opina el politólogo y abogado Alfredo Coronil Hartmann.
El también diplomático considera que el operativo se queda corto en su propósito de buscar aliviar la imagen de un gobierno investigado por crímenes de lesa humanidad y sancionado por países como Estados Unidos.
“Su objetivo será proyectar que queda alguna instancia moral en el régimen, imagino que con fines internacionales. Lo que dudo es que alguien les crea. La moralidad no tiene cabida en esta piara de pillos”, afirma en referencia al gobierno chavista.
De cara a 2024
Influyentes líderes del oficialismo vetaron la participación de dirigentes de sus cuadros en actividades ilegales. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y considerado uno de los hombres fuertes del gobierno de Maduro, apuntó el fin de semana que “no hay compromisos con delincuentes” en el partido de gobierno.
“Debemos ser absolutamente intolerantes con los corruptos, con los burócratas, con los delincuentes, sea quien sea (…) Quien incurra en hechos delictivos, llámese como se llame le caerá todo el peso de la ley”, escribió en Twitter.
Los voceros indígenas dentro del partido rojo condenaron asimismo “cualquier desviación de la correcta línea revolucionaria”, apoyando a la “Mano de Hierro”.
La exlegisladora y chavista disidente, Zenaida Fernández, solicitó este lunes una “investigación para dar con los peces gordos” de la red de narcotráfico que integraba la alcaldesa Keyrineth Fernández, calificando el hecho de “vergüenza”.
Maduro revela con su operativo anticorrupción que “está pensando ya en las elecciones de 2024”, donde buscaría su reelección como presidente, opina el politólogo y especialista en comunicación política, Pablo Andrés Quintero.
“No está pensando en otra cosa. Todas las acciones que deriven del gobierno van a ir enfocadas en organizar, limpiar, depurar y controlar el terreno de juego”, asegura a la VOA el analista, quien ve poca probabilidad de que esos casos afecten la imagen de Maduro. Cree, por el contrario, que lo fortalecen.
“No lo desestabilizan en lo absoluto. Es parte de una depuración interna. Demuestra el poder que tiene el gobierno para poner disciplina y controlar a ellos mismos”, dice Quintero, convencido de que otros gobiernos aliados de Maduro le aconsejaron tomar acciones para garantizar su estabilidad.
¿Gobierno podrido?
La oposición venezolana reaccionó al operativo “Mano de Hierro” con duras críticas al oficialismo por prometer revisiones de sus cuadros internos. Andrés Velásquez, de La Causa R, acusó al gobierno de cinismo y de estar “podrido”.
Las detenciones de funcionarios vinculados al chavismo ocurren apenas días luego de la presentación de un informe donde Venezuela aparece como uno de los países más corruptos del mundo, de Transparencia Internacional.
El analista Quintero, por su parte, da por sentado que el gobierno madurista sí reaccionó a ese documento independiente. “Maduro necesita eliminar aquellos problemas que le pueden salpicar la imagen de cara a las elecciones. Necesita achicar la imagen de gobierno corrupto, narcotraficante”, asevera.
El gobierno de Estados Unidos acusa a Maduro y a varios ministros y aliados, como Cabello, como presuntos integrantes de una mafia de tráfico de drogas y lavado de capitales. El Palacio de Miraflores ha repudiado las acusaciones.
El ministro de Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró a finales de diciembre que las fuerzas militares del país suramericano decomisaron en 2021 25% más cantidad de droga que el año anterior.
Fuente: VOA
