Oscar Eugenio Dubón fue Contralor General de Cuentas del 2002 a 2004, pero su gestión en dicha entidad estuvo empañada de acusaciones por lavado de dinero y peculado.
El Congreso de la República aprobó el 3 marzo de 2004 el acuerdo 17-04 donde fue removido del cargo de contralor por negligencia. Dubón había sido citado por el pleno del Legislativo para que explicara sobre el desvío de dinero, pero no se presentó.
Al día siguiente, el 4 de marzo, Dubón había huido del país, pero fue detenido en Peñas Blancas, Nicaragua por los agentes policiales de ese país, quienes lo entregaron a la policía guatemalteca.
Además, se detalló que Dubón viajaba con su hijo Luis Eugenio Dubón Medina. A su regreso a Guatemala, quedó a disposición del Ministerio Público para la investigación y persecución penal.
En una investigación periodística presentada en febrero de 2004, se reveló que Dubón contrató a la asociación Civil Amigos en Acción, que luego fue la que trianguló fondos a los partidos UNE y PAN para financiar campañas de sus candidatos Álvaro Colom y Leonel López Rodas respectivamente.
Dubón recibió sentencia de 7 años de cárcel por el delito de peculado y quedó absuelto por el de lavado de dinero. Logró libertad condicional en 2008.
No obstante, en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala reabrió un caso sobre un desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social donde Dubón figuró como uno de los beneficiados.
La investigación de la extinta comisión y el MP denominada “Caso Fénix” determinó cómo Gustavo Adolfo Herrera Castillo (vinculado al Partido Patriota) utilizó una empresa off shore y sociedades anónimas para desviar fondos del Seguro Social.
Según consta en la investigación citada, Dubón recibió Q 350 mil.
Con las pesquisas, el MP giró orden de captura y citaciones a más de 50 personas. Herrera apareció en la lista de los 100 más buscados, pero se había dado a la fuga y logró obtener la nacionalidad nicaragüense.
Sin embargo, el 27 de enero del 2021 se conoció que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló el proceso penal por el caso Fénix beneficiando a 52 sindicados por haber participado en un desfalco de Q350 millones realizado del 2002 a 2004 al IGSS.
Con ello, el caso no avanzó y Dubón no tuvo que rendir cuentas por el beneficio de dicho saqueo.
