La Procuraduría de los Derechos Humanos a través de la defensora de Salud, Zulma Calderón, realizaron una supervisión en el área del Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias del Hospital General San Juan de Dios en donde encontraron carencias que enfrenta debido al aumento de pacientes con COVID-19.
Entre los hallazgos, la PDH destaca que la ocupación en dicho centro asistencial sobrepasa el 100%. Indican que la unidad de CAPERE I tiene capacidad de 20 camas; sin embargo, debido a la emergencia han ingresado hasta 70 pacientes.
Este servicio funciona en parte de la infraestructura que corresponde en el área de emergencia, dividida con tablas de los pacientes que no tienen COVID-19.
Asimismo, la institución señaló que al menos 60 pacientes que se encuentran en CAPERE I se encuentran en condición delicada, de estos 18 están ventilados y el resto son dependientes de oxígeno.
A decir de Calderón, la unidad cuenta con tres médicos de turno, quienes se encuentran a cargo de 20 pacientes cada uno y solamente esta asignado un terapista respiratorio para la atención de los 60 pacientes del intensivo.
Indicaron que el personal médico realiza turnos de 24 horas en este servicio.
Además, señalaron que el recurso humano es insuficiente para la cantidad de pacientes ingresados tomando en cuenta la condición crítica de los mismos.
Por otro lado, destacaron que hace falta tomas de oxígeno, ventiladores, monitores y bombas de infusión; además, que el personal de mantenimiento no ingresa a las áreas COVID-19 por lo que existe tomas de oxígeno que no están funcionando como corresponden.
De acuerdo con Zulma Calderón, el personal de atención al usuario no ingresa al área COVID-19 por lo que se carga al personan médico para trasladar información de la evolución de los pacientes a los familiares.
La PDH también resaltó la falta de medicamentos en la unidad ya que están desabastecidos de Tocilizumab y el Remdesivir es limitado, por lo que escogen a los pacientes con mejor pronóstico ya que no se encuentra con suficiente existencia.
“No se cuenta con propofol y vencuronio, el abastecimiento de fentanyl y midazolam no es sostenido” indicó la PDH en el comunicado.
Por otro lado, la PDH asegura que las familias que están comprando tocilizumbad están gastando entre 10 y 14 mil quetzales por el tratamiento.
Por falta de reactivos no se están realizando laboratorios de Procalcitonina y ferritina. Solamente en esa unidad durante el 2021 han fallecido 442 personas, asegura la Defensora de Salud.
Hallazgos de #SupervisiónPDH al área CAPERE I del @HospigenGT
– El área tiene habilitadas 20 camas, debido a la emergencia se han ingresado hasta 70 pacientes, en sillas camillas y bancas
– Funciona en parte de la emergencia, separada solamente con división de tablas. pic.twitter.com/Ogd4S59Qkk— PDH Guatemala (@PDHgt) August 28, 2021
