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Esto es lo que las autoridades pueden hacer durante un desalojo

10 julio, 2017 Coralia Orantes Diario Digital

Se trate de desalojar a un vendedor ambulante o a una comunidad que usurpa una propiedad privada, esto es lo que las autoridades de seguridad tienen autorización a realizar durante un desalojo, según el protocolo de la  Policía Nacional Civil (PNC).

Laguna Larga, en Petén; Brisas del Mirador; San Cristobal, Mixco; entre otros, son los nombres de los lugares donde en 2017 se realizaron desalojos. Pero ¿en qué consiste un desalojo?

Según el protocolo de actuación policial, “consiste en obligar a abandonar los bienes inmuebles ocupados ilegalmente por intrusos, quienes no poseen derecho real o personal”.

Pero ¿quién puede pedir un desalojo? Puede ser promovido por “un legítimo propietario o poseedor de un bien inmueble ordenada por un juez competente”. Para ello puede utilizarse el diálogo o la fuerza pública “sin que ello conlleve al uso de la violencia”, refiere el protocolo.

Las solicitudes pueden ser por intereses privados o públicos. La usurpación de bienes está penada de 1  a 3 años de prisión.

El mismo protocolo indica que:

al actuar de la PNC se encuentra dirigido por el funcionario del MP. Las instrucciones del funcionario del MP deben ser claras, precisas y sobre todo, basadas en ley. En caso contrario, el artículo 5 de la Constitución Política ampararía a los agentes en su derecho de resistencia a órdenes”.

La PNC debe procurar el orden jurídico, evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias.

Diseño: Walter Wirtz.

Desalojados y “crisis humanitaria”

Foto: Municipalidad de Mixco.

Giovanni Guzman, de la Dirección de mediación de PDH, dijo que ellos velan porque exista una orden de desalojo, que la PNC agote el diálogo, que no participe el Ejército y que las personas tengan una opción de vivienda.

El último punto nunca se cumple. Ejemplos de esto son los desalojos de Jesús de la Buena Esperanza, las familias que vivían debajo del Puente Belice. “Quedan en situación de crisis humanitaria”, refirió.

El Estado no tiene una política en temas de acceso a la tierra (la de Fontierras es solo para Campesinos). Se incurre en violaciones en derechos humanos, pero tiene responsabilidades que las víctimas pueden reclamar”, dijo.

El más reciente desalojo fue el de Laguna Larga, Petén. Allí las autoridades no notificaron a los invasores ni les dieron oportunidad de presentar recursos legales. Esto pese al “protocolo de actuación”.

Ese desalojo fue violatorio a los derechos humanos. Llevaron al Ejército, fueron intimidados (las familias) y se vieron obligados a un desplazamiento forzoso. La PDH había solicitado la instalación de una mesa diálogo de alto nivel”, indicó.

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