A una semana de las elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, la Policía Nacional ha detenido a 39 opositores y precandidatos hasta el momento.
En octubre informó, sin precisar lugar ni circunstancia, que detuvo a Michael Edwin Healy Lacayo, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y al productor agropecuario Álvaro Javier Vargas Duarte, también directivo de ese órgano empresarial, quienes, según la institución, son investigados por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
El Ministerio Público dijo que los empresarios Michael Healy y Alvaro Vargas deberán permanecer en prisión hasta 90 días.
En septiembre la policía informó a través de un comunicado –sin precisar lugar ni circunstancias– que detuvo al sociólogo Irving Isidro Larios Sánchez.
La Policía investiga a Larios Sánchez por sospechas de realizar supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Todos estos supuestos están descritos en la Ley de defensa aprobada en diciembre de 2020 y que ha sido fuertemente cuestionada por varios gobiernos y organizaciones internacionales que consideran que no es más que un manual para restringir los derechos políticos en Nicaragua. Bajo esta normativa han sido detenidos ya más de 30 opositores al Gobierno del presidente Daniel Ortega. CNN ha tratado de comunicarse con varios familiares de Larios para saber si ya nombraron a un abogado, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. El Poder Judicial ha nombrado defensores públicos a otros opositores en audiencias preliminares.
Larios es un reconocido disidente sandinista, economista, sociólogo y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES), organización no gubernamental clausurada el mes pasado por la Asamblea Nacional. También era miembro de la Articulación de Movimientos Sociales, adscrita a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó este lunes en sus redes sociales: “Condenamos la detención arbitraria de Irving Larios, fundador de INGES, en estos momentos su casa está siendo allanada. Exigimos su inmediata libertad. Es inocente”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), expresó en septiembre en sus redes sociales: “Ortega acaba de ordenar el arresto de Irving Larios, dirigente de la Articulación de Movimientos Sociales. Larios ha sido acusado de traición por criticar a la dictadura. Ya van 37 críticos del régimen arbitrariamente detenidos”.
La detención de Michael Edwin Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte llevó luego el total parcial a 39.
Entre los detenidos entre el 28 de mayo y el 20 de septiembre figuran siete aspirantes presidenciales, que fueron inhabilitados de participar en las elecciones y que -en su mayoría- están acusados por la Fiscalía de actos en menoscabo de la integridad nacional o de incurrir en lavado de dinero. Se trata de cargos penales que rechazan sus familiares y abogados.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos han exigido sin éxito su inmediata liberación.
*Con información de CNN
