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El país tiembla, igual que algunos

1 julio, 2017 Estuardo Gasparico

En los últimos días, hemos sido testigos de sismos geológicos, pero también del temblor de varios que ya se ven antejuiciados o en el banquillo de los acusados.

En las semanas que anteceden, los guatemaltecos nos sobresaltamos con los remezones de, al menos, dos temblores de tierra bastante fuertes, aunque no lo suficiente para causar daños considerables. 

Y a propósito, ese es el tema central de nuestra edición de hoy: ¿Qué pasaría si ocurriera de nuevo un terremoto con la intensidad y magnitud del que mató a docenas de miles de personas el 4 de febrero de 1976?

Lo  más seguro es que la tragedia sería incalculable, tomando en cuenta que de esa época hacia acá, la población se ha duplicado, la infraestructura no ha mejorado de manera sustancial y tampoco se cuenta con suficientes hospitales (ni equipados ni con medicinas) para atender a los heridos. 

O sea, lo mejor es que cada familia se prepare lo mejor que pueda ante una eventualidad de este tipo y si vive en una ladera o un asentamiento, hacer lo posible por alejarse de ahí, a menos que quiera arriesgar a su familia a morir soterrada o embarrancada.

Pero volviendo a los temblores, también han afectado a muchas personas, pero a nivel individual.  Me refiero a algunos diputados, involucrados en la sospechosa firma de un contrato millonario por servicios de lobby en las altas esferas políticas de los Estados Unidos. 

De más está decir que no existe razón lógica ni legal, para que uno o más congresistas se ocupe de este tipo de asuntos, que en todo caso, corresponde a la Cancillería y a la Presidencia de la República.  Y lo que es peor, tampoco se atreven a informar de dónde iban a salir los recursos para honrar el famoso contrato.

Uno más que seguramente ya sufre de escalofríos anunciados es el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien también ha sido requerido en extradición por la potencia de Norteamérica, acusado no solo de haber introducido cocaína a ese país, sino de haber aceptado sobornos para que determinados grupos del narcotráfico y del crimen organizado, utilizaran el territorio nacional como un corredor libre de obstáculos para que circularan ellos y su droga.

Otro que está temblando, aunque no lo confiese, es el viajero presidente Jimmy Morales, quien sigue “sin dar una” a más de 18 meses de administración gubernamental, sino que tampoco logra que su hijo y su hermano se vean libres del embrollo legal en que están metidos.

Y anda tan nervioso y asustado, que ya olvidó sus moralejas y vocifera al micrófono, como ocurrió cuando se dirigió a los diputados para “exigirles” que lo dejen trabajar.  O sea, que le permitan gastar de manera discrecional y sin respetar la Ley de Contrataciones del Estado ni los famosos “candados” que contiene la ley presupuestaria vigente.   

Pero eso sí, no deja e viajar a costa de los impuestos de los guatemaltecos, pues al igual que sus predecesores, más tarda en bajar de un avión, que en subirse a otro. Lamentablemente, a donde debería ir, no va.  Por ejemplo, el martes se celebró la presentación del informe anual de labores  de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante representantes de países donantes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

En la actividad participaron el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina Méndez; la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo Flores. Morales brilló por su ausencia.

Por cierto, independientemente de la simpatía o antipatía que despierte el comisionado Iván Velásquez, de nuevo destacó que no se puede negar la existencia de una corrupción sistémica en el Estado de Guatemala, que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal, sustituyendo en períodos de la historia reciente los intereses nacionales por intereses privados y sectoriales, tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes políticas y económicas ilícitas. 

Entonces, es posible que el gobernante haya querido ahorrarse  la molestia de escuchar lo que ya sabe:  que su slogan de “ni corrupto ni ladrón” le quedó grande al gobierno que preside.

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