Diputados deberán retomar interpelaciones tras Semana Santa

Diputados del Congreso de la República siguen teniendo en la agenda de trabajo las interpelaciones contra ministros de Estado, las cuales deben retomar después del descanso de Semana Santa. La interpelación que actualmente está en desarrollo empezó desde agosto del año pasado y no ha logrado terminar.

Los diputados en el Congreso de la República tienen el derecho de realizar interpelaciones a ministros de Estado, y se deben realzar obligatoriamente. Actualmente hay cuatro juicio políticos en la agenda de trabajo de los parlamentarios pero ha sido poco el avance para cumplir con los procesos.

El pasado 5 de agosto, inició la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a solicitud de los diputados Jairo Flores y Edwin Lux del bloque UNE o ahora llamado Grupo Parlamentario de Oposición. El argumento es que el ministro debe aclarar sobre los procedimientos para otorgar licencias de explotación o explotación minera.

Sin embargo, hasta la fecha se ha logrado avanzar poco con las preguntas hacia el funcionario.

Cuando ese proceso termine, deberá empezar uno nuevo juicio político pero esta vez contra el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, el cual fue solicitado por el parlamentario Aldo Dávila para consultar por la supuesta falta de permisos y requisitos en el traslado de piezas arqueológicas mayas para su restauración en Estados Unidos.

Una tercera interpelación es contra la ministra de Educación, Claudia Ruiz, que también fue solicitada por el diputado Aldo Dávila, para fiscalizar los gastos para remozamiento de escuelas y sobre las que siguen en malas condiciones. Además, preguntar sobre los atrasos en pago de salario para algunos maestros y maestras.

Y el cuarto juicio político que está en cola en la agenda legislativa, es contra el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, solicitado por los diputados Orlando Blanco y Evelyn Morataya, para preguntar sobre los gastos realizados en los últimos años, por considerar que no se ha hecho buen uso de los recursos para los hospitales y atención de la pandemia covid-19.

Archivo CA

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