Condenan a pareja de California por someter a migrantes a trabajos forzados

Un pareja de origen guatemalteco que reside en Shasta Lake, California, dueños de un restaurante y una empresa de limpieza, fueron sentenciados a inicios de mayo por conspirar para someter a tres migrantes a trabajos forzados, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Nery Vásquez fue sentenciado a seis años y medio de prisión y Maura Martínez fue sentenciado a tres años de prisión luego de declararse culpable en agosto; además, cada uno fue multado con US$25,000 y se les ordenó pagar US$300,000 en restitución a siete víctimas en total.

Según documentos judiciales, desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2018, los acusados, utilizaron varios medios coercitivos para obligar a sus víctimas a trabajar largas horas de trabajo físicamente exigente, siete días a la semana, por un mínimo de no pago.

En agosto de 2016, los acusados ​​convencieron a las víctimas, un pariente guatemalteco y sus dos hijas menores, de 15 y 8 años, llegar a los Estados Unidos prometiéndoles una “vida mejor”. Posteriormente, obligaron a los tres migrantes a quedarse más tiempo de lo permitido.

Amenazaron con arrestar a sus familiares por quedarse más tiempo de lo permitido por sus visas a menos que siguieran trabajando las mismas largas horas y los acusados ​​mantuvieron a las dos víctimas menores trabajando en sus negocios en lugar de asistir a la escuela al decirles que las autoridades de migración las encontrarían y arrestarían si los menores intentaban ir a la escuela.

El Departamento de Justicia de EE.UU. mencionó que Martínez Vásquez golpeó a los menores con un palo que tenía escrito sus nombres y apodos junto a la frase “lo que sube, debe bajar”.

El agente especial a cargo Sean Ragan de la División de Campo de Sacramento del DBI dijo que “el trabajo forzado, una forma de trata de personas, pero es difícil de identificar e investigar sin la cooperación de víctimas temerosas que creen que escapar no es una opción debido a las mentiras que les han contado sus explotadores”.

“Este caso destaca cómo tales delitos pueden ocurrir a la vista del público en un negocio legítimo y pasar desapercibidos” dijo Sean Ragan.

Archivo CA

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