La suspicacia de posibles anomalías en la firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo del Ministerio de Salud, hizo que hace cuatro años el abogado Gabriel Orellana interpusiera una acción de inconstitucionalidad, por diferentes anomalías en el documento.

Entre estas, el pago millonario a un abogado del Sindicato de trabajadores por cerca de 14 millones de quetzales la corte de constitucionalidad ha decidido resolver a favor de Orellana y que dicho pago se quede sin efecto.

Cabe destacar que hace dos años, la fiscalía contra la corrupción abrió un caso penal contra sindicalistas y el ya fallecido ministro de salud Jorge Villavicencio, por considerar que el pago al abogado César Landelino Franco constituía delito.

Actualmente, la fiscalía busca reactivar el caso que derivado de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones quedó fuera de la rama penal pues considera no se trata de un delito sino de una falta administrativa a resolver por otras vías.

De momento, se espera que el recurso de casación presentado por el Ministerio Público desde el año pasado aún sea conocido por la Corte Suprema de Justicia.

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