Se trataba de una concesión para construir el fallido canal Interoceánico que se vendió a los nicaragüenses como la forma más fácil y rápida para salir de la pobreza.
La exigencia se hace luego de conocerse la quiebra del misterioso empresario chino, a quien el gobierno de Daniel Ortega le entregó en concesión vastas áreas del territorio nacional hasta por 50 años.
Nemesio Mejía, directivo del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía dijo, desde el exilio en Costa Rica, que la pareja presidencial tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio de los campesinos del país.
El anuncio de la aprobación de la llamada Ley Canalera
Con su amenaza de expropiar cuanta propiedad fuera necesaria, incluso si se encontraba fuera del área entregada en concesión, generó una ola de inconformidad que golpeó especialmente a los sectores campesinos, al comprobar que existía riesgo de desarraigo, al punto que organizaron alrededor de un centenar de marchas en contra de la iniciativa legal promovida por el presidente Ortega.
Las marchas campesinas anti-canal fueron las primeras grandes manifestaciones que enfrentó el Gobierno sandinista desde que llegó al poder en 2007.
También desde el exilio, Francisca Ramírez, que fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha campesina reaccionó a esta situación: “Los campesinos nunca nos dejamos estafar, luchamos, hicimos nuestros propios esfuerzos, usamos nuestro propio dinero, pero lo logramos que no se nos quitará ni una cuarta de tierra”.
La Bolsa de Valores de Shanghai ordenó la semana pasada sanciones contra el grupo Xinwei por supuestamente promover una gigantesca estafa por 31 mil millones de dólares a partir del anunció en 2013 de que en Nicaragua se construiría un mega proyecto canalero.
