La región del Catatumbo en Colombia es una de las más peligrosas del país. En esta zona, fronteriza con Venezuela, confluyen una serie de economías ilegales y actores violentos que buscan controlar las rentas por el narcotráfico, llevando consigo una andanada de violencia y muerte.
En este contexto, la caravana de avanzada presidencial de Gustavo Petro, sufrió un atentado esta semana en la vía que de Bucaramnga conduce a El Tarra, uno de los municipios del Catatumbo, poco antes de un evento al que asistiría el presidente este viernes. El evento, que inicialmente sería en El Tarra, ahora será en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, según medios locales.
¿Qué ocurre en este sector del país?
En el Catatumbo confluyen una serie de grupos armados que luchan por controlar el negocio de los cultivos ilícitos en la frontera de Colombia con Venezuela.
En la vía a El Tarra, un municipio de casi 22.000 habitantes, fue donde ocurrió el atentado contra la caravana presidencial de Petro. Es uno de los 11 municipios que integran la región del Catatumbo, una zona en el noreste de Colombia que está en medio del fuego cruzado entre guerrilleros del ELN y del EPL, además de otros actores armados, que mantienen enfrentamientos por el control territorial y de los cultivos de coca en la zona.
La región del Catatumbo está compuesta por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú (además de El Tarra). Allí la guerra ha prevalecido y se ha perpetuado por más de medio siglo, pasando por el inicio de la explotación petrolera, la época de La Violencia con el bipartidismo a mediados del siglo XX y el conflicto armado con las guerrillas y paramilitares más recientemente, dice un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).
En esta región confluyen una serie de economías ilegales como “impuestos a la gasolina, a la cerveza, a los insumos químicos, al contrabando o a la producción de pasta base de coca”, según PARES, y estas fuentes de ingreso han perpetuado la guerra.
Pero entre todas estas economías ilegales sobresale la producción, procesamiento y comercialización de la hoja coca. Y Norte de Santander es el departamento más afectado por la coca en Colombia por encima del departamento de Nariño, en el suroccidente del país, que por casi una década ocupó esta posición, dice un informe de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“El municipio de El Tarra tiene presencia de una cantidad importante de laboratorios y cristalizaderos de la coca en los que se utiliza el ‘Pategrillo’ que se dice es controlado por el EPL”, dice un informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) de 2021.
La violencia armada
En el Catatumbo hay presencia de varios grupos armados de gran tamaño. Entre ellos están el ELN, el EPL, y grupos disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, como el frente 33, el Bloque Suroriental, el Comando Danilo García que hace parte de la Segunda Marquetalia; además están el Ejército de Liberación Popular, una banda criminal a la que también se les conoce como Los Pelusos; Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, reporta Indepaz.
El Tarra, al igual que Tibú, Teorama y Convención, reportan un “incremento anual de cultivos de hoja de coca y fuerte presencia de actores armados ilegales con, mínimo, tres estructuras en cada uno de estos municipios”, dice PARES.
Estos grupos armados se enfrentan por el poder en la región, y buscan controlar la comercialización de “pasta de base de coca, cocaína”. También extorsionan a comerciantes de la zona, dice Indepaz y “se añade a un control poblacional en el que sin el permiso de los armados no pueden realizar actividades como movilizarse por ciertas zonas y hasta colocar un negocio para su sustento”.
Y en medio de esta disputa violenta históricamente se han registrado desplazamientos forzados, secuestros, restricciones a la movilidad y los civiles han quedado en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados, impidiéndoles el acceso a bienes y servicios como la salud y la educación, según reportó la Defensoría del Pueblo de Colombia en abril de 2018.
Pero la violencia no es nueva. En la zona se han registrado varios hechos de violencia propinada por los paramilitares, el ELN y las FARC a lo largo de los años.
Y en esta andanada de caos, el Ejército de Colombia no se quedó atrás y también impuso su cuota de terror y violencia en esta zona. En 2021 la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas por su supuesta participación en ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Entre los señalados figuran un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un civil.
Los hechos fueron cometidos por integrantes de la Brigada Móvil 15 del Ejército y el Batallón de Infantería No. 15 “en el marco de un mismo plan criminal y con división del trabajo, en un territorio determinado y en un mismo período de tiempo”, dijo la JEP.
*Con información de CNN
